Las seis comunidades autonómicas reunidas ayer en Zaragoza presentaron a los medios de comunicación un documento, compuesto por 15 puntos, en el que todas ellas coincidían plenamente y que tiene como finalidad conseguir la nivelación de los entes territoriales en la prestación de servicios básicos con igual calidad a todos los habitantes de España, independientemente del lugar de residencia.

Así, el punto número uno hace hincapié en que el Estado debe garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades autónomas, «con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios» y «garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en los que los ingresos no evolucionen de forma homogénea».

Asimismo, el segundo punto señala que el sistema de régimen común «debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera». También abogan (punto tres) por la corrección de los déficits de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, para lo que habrá que dotar al sistema autonómico de «mayores recursos».

PRINCIPIO DE SUFICIENCIA

Las comunidades deben tener recursos

Por otro lado, debe definirse un sistema de nivelación total que garantice la suficiencia para todos los servicios asumidos. Para ello tendrá que existir un catálogo de servicios cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las comunidades autónomas.

El siguiente punto contempla la incorporación de una cláusula que impida que cualquier comunidad vea empeorada su financiación con la nueva legislación.

Otro punto crucial es el número ocho, que estipula que las necesidades de financiacón deben fijarse atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales. Esta evaluación se realizará de forma específica en relación con los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales.

Un apartado de este punto señala que se tendrán en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas.

El documento recoge en su punto número 11 la plena efectividad del principio de lealtad institucional que impida que decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a la prestación de servicios.

tributos cedidos

Bases comunes en la regulación fiscal

Las comunidades abogan por que se impulse una ordenación sobre unas bases comunes de la regulación de los tributos cedidos, como ya sucede con el IRPF, garantizando una recaudación homogénea en todo el territorio que sirva como elemento de apoyo a las necesidades de gasto y fomente la corresponsabilidad fiscal.

Se trata asimismo de evitar las situaciones de competencia desleal, especialmente en los tributos que inciden en la fijación del domicilio fiscal.

DESARROLLO REGIONAL

Compensación interterritorial

La potenciación de las políticas de desarrollo regional y, en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial, objeto del punto número 13, constituye según el texto pergeñado ayer un instrumento constitucionalmente ligado al principio de solidaridad a través de recursos adicionales a los del sistema de financiación, mediante una adecuada dotación presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto.

Por otro lado, según reza el siguiente principio, la reforma del sistema de financiación deberá abordar la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato entre todas las comunidades autónomas.

Finalmente, los autores del documento dedican el último punto del mismo a la evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local sobre la financiación y las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. Sostienen, en este sentido, que es necesario que se aborde la reforma de la financiación territorial, realizando una valoración conjunta de su suficiencia junto con la de la comunidad autónoma para cada territorio.

MARCO EUROPEO

El reto demográfico a nivel continental

La segunda parte del documento firmado ayer se destina a enumerar los principios que debe tener la política europea de financiación, de tal manera que el reto demográfico conste como uno de sus objetivos. Se hace hincapié en la necesidad de una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y fondos de la unión, entre los que la política de cohesión desempeña un papel fundamental para crear empleo.