Desde julio del 2018 el Grupo 2 de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón seguía los pasos de Roberto Pérez Rodríguez, el empresario zaragozano detenido por, supuestamente, liderar una estafa de más de 5 millones de euros procedentes de los donativos de la lucha contra el cáncer infantil. Los investigadores destacan su alto nivel de vida. «Nunca comía en casa», había adquirido varios coches de lujo, entre ellos un BMW y un Jaguar, así como varias propiedades en Peñíscola y en la sierra del Moncayo, que quedaron intervenidas. Todo ello habría procedido, según los agentes, no solo del salario de 15.000 euros mensuales que se puso, sino también de quedarse buena parte de los donativos. Una afirmación que él rechazó ante la jueza instructora.

Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, Pérez Rodríguez aseguró que él era un mero recaudador de fondos a través de sus sociedades dedicadas a la venta de productos publicitarios (botellas, camisetas, sacos térmicos o lapiceros con distintas semillas, aptos para ser plantados en macetas) y a los call center, cuya sede, ahora cerrada, estaba en la calle Carlos Marx, en el zaragozano barrio del Actur.

Explicó ante la magistrada Soledad Alejandre y su abogada Carmen Cifuentes que su labor era la de recaudar y distribuir el dinero a las diferentes oenegés con las que había suscrito contratos. Un dinero que, según aseveró, llegó a dichos destinatarios, salvo en lo que se refiere a los gastos procedentes de la actividad, ya que destacó que ha llegado a tener más de 70 asalariados a su cargo.

También explicó que los vehículos intervenidos, diez en total, eran empleados por sus trabajadores. Incluso, el BMW que era conducido por otro de los detenidos en esta operación policial, Óscar Albert A. P., que también ingresó en prisión. La esposa de Pérez Rodríguez (que cobraba 5.000 euros como contable) quedó libre tras declarar en la Policía y dos trabajadores, D. C. F. y F. C. U., tras hacer lo propio ante la instructora. Otro de los argumentos de su defensa fue que el local de la Liga Nacional contra el Cáncer Infantil (Linceci) estaba en alquiler, o que había suscrito préstamos por valor de 60 mil euros para mantener las diferentes sociedades.

Unas explicaciones que distarían de lo investigado por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) a la que pertenecen los especialistas en blanqueo de capitales. Estos destacan la sociedad Bomberos Unidos Gestión Pymes como la empresa principal con la que la organización realizaba los movimientos de dinero a Perú.

Cuando se desarticuló la presunta trama, que permanece abierta y que podría derivar en más detenidos, los imputados pretendían realizar en el país andino el mismo modelo de call center desarrollado en la capital aragonesa.

El inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), Alberto Larripa, y el jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales, el agente Santiago, explicaron ayer que de esa asociación y empresa «salían otras empresas pantalla» con las que movían el dinero. «De lo recaudado, la cantidad destinada a los fines que decían era ínfima, aunque sí que había pequeñas donaciones, como la que realizaron de unas 15 camas a un hospital de Perú (5.000 euros), realizadas siempre con el objetivo de publicitarse», aseveraron. Aunque la operación desarrollada sigue abierta, los agentes llegaron a la conclusión de que Linceci estaba legalmente registrada como una asociación sin ánimo de lucro, cuando era una organización dedicada exclusivamente al mantenimiento empresarial y al lucro particular de las personas que la dirigían.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía animan a quienes se sientan estafados a interponer una denuncia en el juzgado o en la policía, si bien desconocen el número de denuncias que se han podido presentar desde que se destacó el caso.