Caja Inmaculada ha decidido romper la sorprendente relación comercial que seguía manteniendo con su exdirector general Tomás García Montes y Javier Alfaro, otro exejecutivo, a los que ha llevado a los tribunales por irregularidades en su gestión. Así, CAI informó ayer de que la semana pasada rescindió el contrato de alquiler que le unía con ambos exdirectivos, que tenían alojado su despacho de asesoría (Magnus Emporium SL) en unas oficinas de Madrid que son de su propiedad, tal y como reveló EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el pasado 9 de marzo.
La publicación de esta información causó revuelo. Ibercaja --actual propietario de la entidad tras absorber el grupo Caja3-- dijo que desconocía esta situación y ha acabado tomando cartas en el asunto. No en vano, la caja se querelló en el 2012 contra quienes eran hasta hace poco sus inquilinos, a los que denunció por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal durante su gestión. El juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza les imputó el pasado año por estos cargos, así como a Ramón Marrero, exsocio de la CAI en negocios inmobiliarios.
La empresa de García Montes y Alfaro estaba alojada en el número 61 de la calle Fernández Villaverde de Madrid (puerta centro izquierda) y compartía domicilio con Caja3 Bolsa. La propiedad es de CAI División de Servicios Generales SL, que había arrendado parte de este espacio a Utilia XII Inversiones SL, sociedad de la que también son socios los dos exdirectivos.
