Lazos amarillos, esteladas y retratos de los rostros de los acusados en alto llenaron ayer la plaza de Catalunya de Barcelona. Partidos y entidades soberanistas se conjuraron para clamar al unísono contra el arranque de la vista en el Tribunal Supremo. Unas sesiones judiciales que tacharon de «juicio político enmarcado en una causa general».

Nadie se saltó el guion. Nadie aprovechó el altavoz para ensalzar lo que les divide. De hecho, reivindicaron eso mismo: sus diferencias. Entonaron un relato consensuado y leído a modo coral entre miembros del Govern (Elsa Artadi y Pere Aragonès), de los comuns (Gerardo Pisarello), de la CUP (Maria Sirvent), de la ANC (Elisenda Paluzie) y Òmnium Cultural (Marcel Mauri), así como representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, si bien Pisarello se quedó con la parte destinada a dejar claro que se conjuran «independentistas y no independentistas», Sirvent atizó la «movilización permanente». Cada cuál con lo suyo, pero ni así se ahorraron reiterados gritos del público pidiendo «unidad».

El discurso se centró en una denuncia de la «vulneración de derechos civiles, sociales y políticos» que «afecta a toda la sociedad», no solo a los que deberán sentarse tres días a la semana en el banquillo. Exigieron su «absolución», el «libre retorno» de los desplazados a Europa y desdeñaron cualquier condena porque a sus ojos el alto tribunal «no parte de la mínima legitimidad necesaria». «Se han sacado de la manga una rebelión violenta que no ha existido nunca», enfatizaron, entre proclamas como «1 de octubre ni olvido ni perdón». También corearon llamamientos a favor de la huelga general prevista para el próximo 21 de febrero. «Llamamos a llenar y desbordar las calles», urdieron.

Y aseguraron que la sentencia está escrita: «Unas instituciones judiciales politizadas quieren llevar a cabo un castigo ejemplar decidido por adelantado para que nadie se atreva de nuevo a ensayar vías políticas y democráticas que pongan a debate cuestiones que determinadas élites políticas, económicas o judiciales, puedan considerar fuera de la ley», leyó el vicepresident.

Cerca de la zona, la Guardia Urbana detuvo a dos personas por atentado a agentes de la autoridad tras haber causado disturbios. La jornada terminó con un acto que se repitió en las capitales.

Pero los Comités de Defensa de la República (CDR) volvieron a marcar perfil propio. Ficharon pronto. De madrugada, cortaron el tráfico de la AP-7 en puntos de Gerona y Barcelona, el eje transversal C-25 y algunas avenidas del centro de la capital catalana.

Sentada

Cerca de las 12 horas, se conjuraron a las puertas de la Fiscalía Superior de Cataluña y protagonizaron una sentada que obligó a los Mossos d’Esquadra a retirar uno a uno a los manifestantes de la calzada.

El último que fue desalojado de la protesta fue el diputado de la CUP, Carles Riera, a quien sacaron cogido de pies y manos entre cuatro uniformados. A través de las redes sociales volvieron a exigir la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, por la intervención policial.