La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha propuesto una serie de modificaciones legislativas que permita la intervención del Estado para evitar "situaciones como las vividas estos días con motivo del conflicto de las empresas de grúas y aseguradoras". La UCA considera que es precisa la intervención del Estado y "el establecimiento de penas a las empresas que los produzcan, acordes con los daños que ocasionen". Por ello ha remitido una carta al ministro de Justicia, la ministra de Sanidad y Consumo y a todos los grupos parlamentarios en la que pide una regulación en casos de cierre patronal o paro técnico y que se incluyan en el ordenamiento jurídico medidas equivalentes a los servicios de mínimos que pueden ser exigidos por la Administración. Igualmente piden que se incluya como punible en el Código Penal la negativa a la prestación de servicios sin causa justificada. También reclama una modificación de la legislación que permita establecer la facultad a la Administración para convocar a los agentes del mercado que por su situación de conflicto, "amenacen los legítimos intereses de los consumidores".
