En España no existe una legislación única en materia de cardioprotección. Sí se dispone de un decreto ley del 2009 que se limita a marcar los mínimos de calidad y seguridad en el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario. A partir de ahí, cada comunidad y cada ayuntamiento ha redactado su propia normativa, con mayor o menor presencia de estas máquinas, tanto en el espacio público como en los equipamientos o en según qué edificios privados muy concurridos. En resumen: la probabilidad de superar un infarto va por ciudades.
En Aragón, la legislación vigente se rige por el decreto del 21 de noviembre del 2006, que establece el uso de desfibriladores externos (automáticos y semiautomáticos) en lugares no sanitarios.
El paro cardiaco se cobra cada año en España la vida de más de 25.000 personas (68 cada día), un número muy por encima de las 1.200 que fallecieron en el 2017 en accidentes de tráfico y superior a las cerca de 22.000 que pierden la batalla contra el cáncer de pulmón o las 20.000 vencidas por la demencia.
La muerte súbita es, según el doctor Ignacio Fernández Lozano, presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP), «la gran desconocida de la sanidad». Una de las herramientas más útiles, prosigue este cardiólogo miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), es el desfibrilador. Y saber combinarlo con el masaje cardiaco (RCP). Por eso cuesta tanto entender que no exista un plan estatal, que llevan años reclamando los profesionales, para promover su instalación en todo tipo de inmuebles y equipamientos, públicos y privados.
EN LA COLA DE EUROPA
Según la SEC, en España hay solo tres desfibriladores por cada 10.000 habitantes, una cifra que sitúa a nuestro país como farolillo rojo de Europa. «Tenemos cinco veces menos que en Alemania, Inglaterra o Italia; ocho veces menos que en Francia, Dinamarca o Suecia (los punteros en Europa), y 25 menos que en Japón, el país más desarrollado en este aspecto», concreta Fernández Lozano, convencido de que «no hay nada en Medicina que pueda salvar más vidas».
El presidente del CERCP lamenta que la iniciativa privada esté haciendo el trabajo que debería corresponder a la Administración pública respecto a la apuesta por estas máquinas salvavidas. Los gobiernos autonómicos están intentando poner su grano de arena, aunque de manera desigual y sin una hoja de ruta pactada. Por eso, a efectos de salvar la vida, no es lo mismo que se te pare el corazón en Valencia que en Santiago de Compostela, por poner un ejemplo.
Es cierto que el decreto del 2009 marca el camino. Sin embargo, a partir de esa presentación, libre albedrío, hasta el punto de que algunas normativas son de obligado cumplimiento mientras que otras son meras recomendaciones. Ahí van algunos ejemplos de las diferencias entre comunidades.
Sobre centros comerciales, por ejemplo, en Andalucía los desfibriladores son obligatorios en «grandes superficies minoristas», sin concretar; en Aragón, en «superiores a 1.000 metros cuadrados» (2.500, en el caso de Madrid y Asturias); en Euskadi tan solo se habla de «grandes establecimientos».
En equipamientos deportivos, lo que manda es el aforo. Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón coinciden en un mínimo de 500 personas, mientras que Canarias iguala y sube hasta 1.000. Ninguna mención en el resto de autonomías.
Por lo que respecta a los centros educativos, los valencianos con más de 1.500 alumnos deben disponer de un desfibrilador, mientras que en País Vasco son necesarios un mínimo de 2.000, igual que en Cataluña. En Aragón el decreto apunta a centros «por los que transiten más de 500 personas», según el documento.
CÓDIGO INFARTO EN ARAGÓN
La poca sapiencia en materia de muerte súbita queda reflejada en el número de personas que sabrían (o dicen saber) qué hacer en caso de encontrarse ante un hombre o una mujer a la que se le ha parado el corazón. Según el Estudio Cardioprotección en España 2016, solo el 3% sabría realizar una reanimación cardiopulmonar al afectado. Estas maniobras, junto con el uso del desfibrilador, aumentan un 90% las probabilidades de salvar la vida en caso de parada cardiaca.
En Aragón, en lo que respecta a la asistencia sanitaria, desde el 2015 funciona el programa Código Infarto, que ha logrado reducir a menos de dos horas el tiempo de atención a un paciente que sufre un posible infarto agudo de miocardio (taponamiento de la arteria) frente a las más de cuatro horas estimadas en el proyecto anterior, denominado Triamar.
El Código Infarto está basado en una red asistencial que implica a Atención Primaria y a las Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias de toda la comunidad, coordinadas todas ellas por el 061 Aragón. El objetivo es que todos los pacientes sean diagnosticados con rapidez y atendidos con la técnica más adecuada en cada caso y en el menor tiempo posible.
El plan del Salud determina que «ante la sospecha de infarto debe haber un desfibrilador a disposición del paciente cuanto antes, para que la desfibrilación inmediata sea posible». Así, la activación del Código Infarto supone que el paciente «debe ir siempre» acompañado por personal sanitario y con acceso a desfibrilador.
De este modo, durante un traslado al centro sanitario desde el domicilio debe estar disponible uno de estos aparatos hasta la llegada a la Unidad de Hemodinámica, donde se llevará a cabo la angioplastia primaria.
