Tras el desglose general de los presupuestos aprobados para este 2019 llega el momento de analizar el detalle. Y la delegada del Gobierno de España en Aragón, Carmen Sánchez, quiso ayer destacar el aumento del gasto social, algo que acabará beneficiando a 280.000 jubilados aragoneses por el aumento de las pensiones y la eliminación del copago en los medicamentos. «Algunas medidas no tienen peso macroeconómico, pero sí que son de gran trascendencia para las personas y su día a día», dijo.
También destacó el aumento del 10% en las becas, de los que más de 10 millones se repartirán entre 17.295 jóvenes aragoneses. Y otros 6,8 millones de los reflejados en las cuentas se emplearán en la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las personas dedicadas a los cuidados -cerca de 4.000 aragoneses- y 8,6 financiarán la ampliación de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas, de lo que se beneficiarán 5.400 padres de Aragón.
A la hora de defender las infraestructuras consignadas en el proyecto, precisó que Aragón ocupa «el primer lugar en inversión en carreteras por habitante» y el cuarto en inversión real, a pesar de que desde la oposición se ha criticado que buena parta de las obras más significativas han perdido fondos. «Estos presupuestos tienen toda la credibilidad», se excusó.
El mayor montante es el destinado a las obras de la A-23 en varios tramos, que recibirán 75 millones de euros, seguidos de la A-68 entre Figueruelas y Mallén, con 29,1 millones. En materia de ferrocarril, la delegada se fijó en los 72 millones de euros para apartaderos y renovación de vías en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, los 5,6 millones para renovación de vías en el Canfranc y otros 16 millones para la mejora de trenes regionales.
Además, defendió la voluntad del Gobierno de favorecer la elevación de aguas a Andorra a pesar de que no aparece reflejada ninguna partida al respecto en el borrador difundido.
