La recuperación económica está haciendo más ricos a los ciudadanos más pudientes. Al menos, según las estadísticas. En una época marcada por el empobrecimiento de las clases medias como consecuencia del incremento de la precariedad laboral y la congelación de los salarios, los datos sobre el impuesto de Patrimonio de la Agencia Tributaria revelan que el número de grandes fortunas creció en la comunidad un 30% entre el 2015 y el 2016 (último año disponible). En concreto, la cifra pasó de 9.819 a 12.741 declarantes. La tendencia se mantuvo en el conjunto del país, donde el número de ricos creció un 5%.

Actualmente, este gravamen lo deben pagar en Aragón todos los ciudadanos cuyo patrimonio neto (el valor de sus posesiones menos el importe de sus deudas y quedando excluida la vivienda habitual hasta los 300.000 euros iniciales) supere los 400.000 euros. Por debajo de esa cantidad no están obligados a rendir cuentas al fisco.

El incremento del 30% en la comunidad entre el 2015 y el 2016 (los datos más recientes publicados por Hacienda) es el segundo más elevado de todo el país solo por detrás de Extremadura. No obstante, este liderazgo queda desvirtuado si se tiene en cuenta que entre el 2015 y el 2016 el Ejecutivo autonómico redujo el mínimo exento del citado tributo pasándolo de 500.000 a 400.000 euros, lo que hizo que más aragoneses se vieran obligados a pagar el impuesto. De hecho, los 400.000 euros de Aragón es el límite más bajo de todo el país. En la mayoría de comunidades el mínimo exento se sitúa en los 700.000 euros y se ha mantenido invariable en casi todas ellas. En este sentido, hay que recordar que fue el actual Gobierno de Javier Lambán el que redujo esa barrera fiscal cuando accedió a la DGA en el 2015, rebajándola de los 700.000 euros en que estuvo entre 2011 y 2014 a los 500.000.

Esta misma circunstancia explica que el número de declarantes de este impuesto se disparara en la comunidad entre el 2014 y el 2015, pasando de 6.215 a 9.819 (ver gráfico). Con todo, la cifra también creció de forma progresiva entre el 2010 y el 2014, confirmando que la crisis no hizo mella entre los aragoneses más pudientes a diferencia de lo ocurrido entre las clases medias y bajas. Todo ello ha provocado un aumento de la desigualdad, algo que ha sucedido en todo el país.

A pesar de que Aragón lideró la subida de declarantes en el citado gravamen, el patrimonio medio declarado fue de 1,65 millones de euros, la cifra más baja a nivel nacional.

ESCASA EQUIDAD FISCAL

Esta paradoja también se explica por la rebaja del mínimo exento, ya que son más los que tributan por este impuesto pero con cantidades más bajas que en el resto del país. De hecho, algunos de esos casi 13.000 declarantes aragoneses no debería tributar por este gravamen si vivieran en otra región. «Por razones de equidad, lo lógico sería que hubiera más homogeneidad entre comunidades porque luego el ciudadano no entiende esos agravios comparativos», explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Barberán, que recuerda que en Madrid, por ejemplo, el impuesto de Patrimonio está totalmente bonificado. En su opinión, este «disloque» fiscal genera situaciones incomprensibles con este y otros tributos como que empresas que trabajan casi en exclusiva en una región tributen en otra.

Además de por la rebaja del mínimo exento, el aumento de los declarantes del impuesto de Patrimonio en Aragón también se explica por los efectos de la recuperación económica, que está dinamizando la actividad y los beneficios de muchas empresas. «Esto es una rueda; además, en España hay una gran costumbre de materializar la riqueza en inmuebles», apunta Barberán.

Que Aragón cuente con esos 13.000 contribuyentes del impuesto de Patrimonio no significa que en la comunidad solo haya ese número de personas con una riqueza superior a los 400.000 euros. Así, es bien conocido que un buen número de declarantes utiliza herramientas legales de ingeniería fiscal para evitar el pago de este tributo. «Hay varias alternativas; desde distribuir el patrimonio entre los familiares a crear una sociedad limitada o guardar efectivo», apunta Barberán. A todos ellos, habría que añadir también los que recurren a otras estrategias que escapan de la legalidad.

¿EN QUÉ INVIERTEN SU FORTUNA?

Al contrario de lo que cabría pensar, solo el 26% del patrimonio de esos 13.000 aragoneses está en inmuebles, si bien este porcentaje ha crecido ocho puntos en dos años. La mayor parte se encuentra en participaciones empresariales, de sus negocios o en acciones de otras firmas. Así, el 67% de ese dinero es capital mobiliario de todo tipo. Por último, su patrimonio declarado en joyas, pieles, obras de arte y antigüedades (los llamados bienes suntuarios) sumaron 26,5 millones de euros, 3,6 más que el año anterior.