El informe de fiscalización al Instituto Aragonés de Servicios Sociales correspondiente de los ejercicios del 2012 y 2013 pone en cuestión la prestación del sistema de dependencia. Los plazos medios de tramitación de la primera fase de los expedientes son de 531 días --más de año y medio--, cuando en el 2007 era de 126. Se ha multiplicado por más de cuatro. A ello hay que sumar que, a finales del 2013, quedaban 10.887 solicitudes pendientes de resolución definitiva, y con una antigüedad media de 862 días. Es decir que una vez el departamento acepta el derecho a la prestación, tarda aún más de dos años en resolver --862 días--. 2.904 murieron esperando. Algunos llevaban más de 1.000 días aguardando.

Si el Gobierno de Aragón hubiese pagado en el 2013 los expedientes que tenía pendientes --y con derecho a prestación-- habría tenido que desembolsar 25 millones de euros, apunta el informe. Un dinero que se ahorró y que le hubiese obligado a ampliar los créditos, puesto que en ese ejercicio solo presupuestó 64,8 millones, aunque al final gastó 67,5. Pese a ello, se quedaron casi 11.000 expedientes en el cajón.

MENOS BENEFICIARIOS

Los datos del informe de la Cámara de Cuentas acreditan el declive al que ha sometido el Gobierno del PP a la dependencia. De los 22.495 beneficiarios del 2011 se ha pasado a los 18.511. Los porcentajes de resoluciones dictadas en programas individualizados de atención en relación al otorgamiento de plazas de residencia y centros de día se ha minorado, al pasar del 100% al 64% en el 2012 y al 60% en el 2013. Las demoras hacen que algunos dependientes con derecho mueran mientras esperan. Concretamente, señala el informe, a finales del 2013, 2.904 --de los 10.887 expedientes pendientes-- habían fallecido sin recibir prestación alguna. La media de espera era de más de mil días en el caso de la ayuda al entorno familiar. El máximo legal es de 6 meses, 180 días. Al deficiente funcionamiento del sistema hay que sumar que el informe verifica la falta de identidad entre los cobros indebidos por importante de 1 millón en el 2012 y de 679.000 euros en el 2013, de los que solo se recaudaron 875.000 en el primer ejecicio y 199.000 en el siguiente. Es decir que la Administración no solo es lenta en la gestión de la dependencia, sino que tiene problemas para recuperar el dinero que concede mal.

La demora en la concesión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) es también notable. La Cámara de Cuentas señala que el servicio de gestión está saturado, pues alcanza a tramitar en un plazo inferior de 60 días hasta 2.800 expedientes, cuando se reciben 7.000 al año. Esto hace que el 63,37% de las solicitudes del 2013 superasen el máximo legal.

La media en ese año se situó en 109,69 días, cuando en el 2007 era de 33,5. Aunque también es cierto, y hay que tenerlo en cuenta, que los beneficiarios se han multiplicado de 708 en el 2007 a 7.247 en el 2013. El presupuesto ha pasado de 2,1 millones a 22,4 en este mismo periodo. La ejecución fue en ese ejercicio del 100%, algo inaudito en la Administración pública.