El sindicato CCOO volvió a reclamar ayer a la DGA -por cuarta vez, según el colectivo- un aumento en la ratio -número de trabajadores por usuario- en las residencias donde se atiende a personas dependientes, especialmente de noche, donde exigen la presencia de un cuidador por cada 34 usuarios. Delia Lizana, secretaria general de la federación de sanidad y servicios sociosanitarios, Montserrat Gómez, responsable de organización de la federación e Irene Cuartero, asesora laboral presentaron a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, un informe en el que denunciaron las «malas condiciones laborales» de los trabajadores del sector.
El informe reclama que se modifiquen las ratios (0,45 trabajadores en general -incluyendo personal de mantenimiento o administración, entre otros, por cada usuario y 0,27 en lo que a cuidadores específicos se refiere) y que estas modificaciones se acometan por categorías y turnos.
La reclamación pretende que, por la noche, los centros de hasta 34 plazas cuenten al menos con una gerocultora -el 80% de los trabajadores de este sector son mujeres- presencial y que se incremente el número de profesionales por cada 34 plazas más. «En algunos centros, más habitualmente durante el turno de noche, se está llevando a cabo por una o dos trabajadores por cada cien usuarios, además de tener que realizar funciones de limpieza durante la noche, lo que supone una merma en la atención directa a los usuarios y un riesgo para estos, así como una carga de trabajo desmesurada», indica el informe expuesto ayer.
Así, CCOO incluye entre sus propuestas a la Administración el establecimiento de ratios «diferenciadas» en cuanto a funciones de atención directa de los trabajadores del centro (gerocultores o enfermeras) y a funciones de atención indirecta (limpieza, cocina o administración), así como la inclusión en los conciertos cláusulas de adecuación de esas ratios al incremento en el grado de dependencia de los usuarios de cada centro y, de acuerdo a ello, adecuar la plantilla. «Se está aplicando aún el decreto del 92 y la situación es ya insostenible», indicó Lizana.
El sindicato advirtió, asimismo, del aumento de la modalidad de contrato a tiempo parcial, «siendo contratos a tiempo completo encubiertos en muchos de los casos, que están rozando la ilegalidad».
Por todo ello, CCOO trasladó a Broto la necesidad de la puesta en marcha de un observatorio en el que participen la Administración y los agentes sociales para abordar estos problemas.
