CHA dio ayer por bueno el dicho de que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y a cambio de tres cláusulas sociales apoyará mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario el proyecto de ley con el que se intentará reformar el actual impuesto de Sucesiones en la comunidad. El aspecto fundamental que ha motivado el enfrentamiento entre los aragonesistas y el PSOE en el seno de la DGA queda sin modificaciones y el umbral a la hora de heredar se mantendrá en los 500.000 euros.
El consejero de Vertebración Territorial, José Luis Soro, dio ayer su brazo a torcer tras una intensa jornada de reuniones y contactos con el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno. Y lo que comenzó con dureza y falta de entendimiento durante la mañana se transformó en resignación a última hora de la tarde. Se cumplía así el vaticinio del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, el pasado miércoles, cuando se mostró convencido de que se unirían al pacto.
Las «aportaciones» de CHA al documento que pactó el PSOE con Ciudadanos de forma bilateral y sin advertir a los socios de gobierno tienen que ver con mejorar aspectos sociales del borrador. Por un lado se equiparan los beneficios fiscales de los matrimonios a las parejas estables no casadas. «Es un avance muy importante» dijo.
FIDUCIA ARAGONESA
Otra de las medidas tiene que ver con la vivienda, uno de los ejes de acción de CHA en el Gobierno de Aragón a través de la consejería que gestionan. Hasta el momento en Sucesiones existe una reducción del 99% si los descendientes heredan la vivienda habitual de los cónyuges. Ahora se buscará atender los casos de personas mayores de 65 años que viven juntos aunque no estén casados, como sucede habitualmente entre los hermanos. «Son casos socialmente muy interesantes», señaló.
La tercera cláusula social que CHA busca introducir en el acuerdo tiene que ver con la llamada fiducia aragonesa. Una modalidad del derecho foral aragonés que permite que el marido o la mujer encargue al que sobreviva del reparto de la herencia entre los hijos. «En CHA llevamos más de una década reclamando una regulación fiscal de este aspecto», destacó el consejero. Sin embargo, en la presente legislatura ha sido el PAR la formación que ha hecho bandera de esta modalidad, con difícil encaje en las normas estatales, a través de una proposición parlamentaria.
El consejero defendió que este paso adelante supone «desbloquear» la situación. Por eso defendió actuar «con responsabilidad» a la espera de que los diputados decidan las cuantías concretas en las que se establece la reforma del impuesto. Por el momento el panorama de alianzas se vislumbra complejo. Podemos estará completamente en contra de la reducción de unos 40 millones de euros que supondrá su puesta en marcha. Y tanto el PAR como el PP están con el paso cambiado ante la iniciativa demostrada por Ciudadanos. Los dos han mostrado sus reservas hasta ahora y frontal oposición al impuesto. CHA se reserva «absoluta libertad» para plantear enmiendas en este proceso.
El giro de los nacionalistas en este debate presupuestario choca de frente con la defensa de este impuesto que han realizado durante los meses previos cuando lo consideraban una herramienta fundamental para la redistribución de la riqueza.
DIALÉCTICA
Gimeno celebró igualmente el cambio de postura y avanzó que tratarán de buscar más apoyos entre los demás partidos para que no caiga en saco roto. Por el momento reconoció no haber tenido conversaciones con otras fuerzas políticas y dejó «la batalla dialéctica» para el ámbito del Parlamento.
El consejero se mostró satisfecho del acuerdo logrado con el socio de gobierno y avanzó que en su opinión, todas las propuestas sugeridas por CHA encontrarán acomodo en el texto actual «sin contradicciones». También dijo que no se esperan excesivos cambios sobre la merma de ingresos de unos 40 millones.
En el caso de que la ley salga adelante no tendrá consecuencias en el presupuesto aprobado para este ejercicio y como mucho entraría en vigor a partir de enero del 2019. Por esta razón, Gimeno quiso tranquilizar a Podemos al insistir en que no se ha modificado ninguno de los acuerdos que permitieron sacar las cuentas hacia adelante.
Por su parte, el presidente de la DGA, Javier Lambán, se mostró convencido de la necesidad de avanzar en la reforma de Sucesiones y consideró «coyuntural» la ley que están preparando. Su intención es plantear el debate entre todas las comunidades autónomas para lograr una armonización completa entre territorios.
Sobre la compleja situación interna se limitó a señalar que el Gobierno autonómico «se mantiene anclado y sin incomodidad en las alianzas que le permitieron llegar al Ejecutivo». Habrá que ver si el consejero Soro suscribiría esta afirmación punto por punto.
