13,5 millones de euros son los culpables de que el Gobierno central no haya transferido todavía a Aragón las competencias en materia de Justicia. Una cantidad que ha impedido lograr el objetivo de la coalición de Gobierno PSOE-PAR, que pretendía lograr el acuerdo para enero del 2004.
El Ejecutivo aragonés ya ha valorado el coste real que conllevaría esa trasferencia y exige ese dinero como condición indispensable para el traspaso. Esa sería la única forma de hacer frente a las mejoras que necesitan de forma imperiosa los Juzgados de Zaragoza, la Audiencia de la capital aragonesa o el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, entre otras instituciones judiciales.
Las negociaciones se iniciaron hace tres años, con el Gobierno del PP, pero antes del 2005, como muy pronto, no llegará el acuerdo. De hecho, el pasado 14 de mayo el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, tras una reunión con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, volvía a sacar a la palestra el conflicto de la Audiencia de Zaragoza. "El único problema es el edificio de la Audiencia. Una vez esté resuelto este tema, estaríamos muy cerca de hacer la transferencia, porque el resto de la estructura es bastante razonable", admitió Iglesias, quien rechaza de plano el traspaso si no cuenta con el dinero necesario para hacer frente a las inversiones requeridas.
Un mes después, el vicepresidente del Gobierno aragonés, José Angel Biel, recordaba al ministro de Justicia, Juan López Aguilar, en una reunión de más de una hora, la cifra maldita: los 13,5 millones de euros. Biel fue claro tras el encuentro. "Si hay acuerdo, Aragón podría tener competencias de Justicia el próximo mes de enero, pero para eso es preciso que recibamos una dotación económica adecuada", apuntó. Mismo mensaje, respuesta en el aire.
Al menos, según Biel, el actual Gobierno tiene "más predisposición" para abordar el asunto, ya que con el PP la cuantía ascendía a 18 millones de euros. Las negociaciones quedaban pospuestas así hasta este mes, aunque por el momento nadie ha movido ficha.
Ciudad de la Justicia
Mientras las Administraciones mantienen un pulso por la transferencia, el gran proyecto de la Ciudad de la Justicia sigue en el aire.
El teniente de alcalde de Infraestructuras del consistorio zaragozano, Ricardo Berdié, afirmó el pasado mes de junio que haría falta un espacio de 60.00 metros cuadrados para llevar adelante el plan. Unas cifras que, precisamente, se dieron a conocer en el marco de una mesa redonda organizada por el Colegio de Abogados sobre la falta de espacio en la Administración de Justicia.
El delegado del Gobierno, Javier Fernández, subrayó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoya la iniciativa, pero no citó compromisos concretos. Tanto la financiación como la ubicación son una incógnita. Hay que encontrar un lugar adecuado, de buena accesibilidad y que sea asequible para las arcas públicas.
En aquel debate, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, se mostró partidario de encontrar un "un espacio céntrico", pero Fernández se encargó de dejar claro que el precio resultaría "exorbitante". El Portillo o la Margen Izquierda se citaron como posibles ubicaciones, pero Ramón Salanova, del Departamento de Presidencia de la DGA, subrayó que la Ciudad de la Justicia "no estaría terminada antes de ocho años y sólo podrá realizarse con una financiación generosa del Estado".
Al menos, el delegado del Gobierno admitió que la situación actual es "insostenible" y que la solución adecuada no pasaría por ampliar únicamente la Audiencia y los Juzgados del Pilar.
