Los accidentes laborales registrados el pasado jueves en Calatayud y Alcañiz, en los que fallecieron tres trabajadores han provocado un clamor social en la comunidad, donde partidos y sindicatos exigieron ayer un mayor rigor en el cumplimiento de la legislación laboral. Dos de las víctimas murieron por inhalación de gases en la depuradora de la primera localidad y la tercera, aplastada por una pieza de hormigón de más de dos toneladas en una fábrica de la ciudad bajoaragonesa.

Varias organizaciones consideran que fiscales y jueces deben implicarse en la aplicación de sanciones penales para quienes incumplan negligentemente o por imprudencia las leyes.

En este sentido se manifestó UGT, al afirmar en un comunicado que "es imprescindible la intervención de la Inspección de Trabajo de forma clara y contundente y de la Fiscalía, para que se depuren y no se esfumen las responsabilidades". La idea es compartida por CCOO. Este sindicato considera que las últimas muertes hacen necesaria "la intervención de jueces y fiscales".

En su opinión, "la sociedad no puede vivir de espaldas a este impuesto de sangre", por lo que debe exigir "la obligación de perseguir y condenar estos delitos".

MEDIDAS COERCITIVAS Jesús Membrado, cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones al Congreso por Zaragoza, señaló que el empleo en España "está caracterizado por la mortalidad laboral, los bajos salarios y la temporalidad. Para atajar esta situación hay que activar los instrumentos de que dispone el Estado, con medidas coercitivas para aquellas empresas que incumplan la legislación laboral. Se necesita el esfuerzo de todos para poner solución al problema".

Miguel Navarro, portavoz de Empleo del PP en las Cortes de Aragón, también manifestó que la siniestralidad laboral "requiere el esfuerzo de todos. Los empresarios deben de aplicar todas las medidas para evitar accidentes; los trabajadores, exigir el cumplimiento de estas medidas; los sindicatos han de concienciar a los operarios y a la sociedad sobre la conveniencia de utilizar las medidas de protección: y la Administración tiene que velar por el cumplimiento de la normativa". En su opinión, "la legislación de prevención de riesgos es buena y rigurosa. El problema está en su cumplimiento".

Juan Manuel Fernández, secretario de Comunicación del PAR, coincidió en que la legislación "es muy avanzada y hay que exigir que se aplique correctamente. Si aún así no disminuyen los accidentes, habrá que cambiar la ley. También tiene que actuar la Fiscalía, pero con la premisa de que no siempre son los empresarios quienes incumplen las normas".

El portavoz de Industria de CHA en las Cortes, Pedro Lobera, estima que la Ley de Riesgos Laborales "debe aplicarse en toda su amplitud y el Gobierno de Aragón, en su competencia, tiene que implicarse más y exigir a las empresas que tienen contratas públicas el máximo rigor en el cumplimiento de las normas, desechando a las que no lo hacen".

Adolfo Barrena, coordinador de IU en Aragón, exigió una "inmediata acción inspectora decidida y continuada" y que se paralicen las actividades "donde se detecten riesgos evitables". También se pronunció favorablemente a la actuación de jueces y fiscales "contra los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos".