El varapalo judicial a las entidades financieras tras la aplicación de cláusulas abusivas a sus clientes en los últimos años está provocando ya importantes colapsos en los juzgados de Zaragoza. La comercialización de participaciones preferentes y de otros productos tóxicos (swaps, hipotecas multidivisa, obligaciones convertibles y depósitos estructurados, entre otros), pero sobre todo la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que declaró nulas las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios han disparado los casos que tramitan los jueces de la capital aragonesa.

Tanto es así, que el 50% de los asuntos que llegan a los 17 juzgados de Primera Instancia de Zaragoza están vinculados con cláusulas abusivas de la banca. «Más del 50% del trabajo que entra ahora en los juzgados están ligados con productos comercializados por las entidades financieras, y la tendencia es creciente», subrayó ayer a este diario el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, que reclamó soluciones para paliar este colapso.

Entre el 1 de enero y el pasado 5 de febrero han llegado a los juzgados de la capital aragonesa 550 demandas vinculadas a productos financieros --principalmente cláusulas suelo-- frente a las 308 que se totalizaron durante el mismo periodo del 2016. Ello supone un incremento superior al 75%, una cifra muy abultada pero que podría quedarse pequeña en los próximos meses. Dolado cree que cuando concluya el periodo de cuatro meses fijado por el decreto del Gobierno para alcanzar una solución extrajudicial entre los clientes y la banca, los casos se dispararán.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntaron que la mayor parte de las entidades no van a tener ningún reparo en acudir a la vía judicial en los casos en los que se ha alcanzado ya un acuerdo (principalmente a través de la reducción del tipo de interés mínimo aplicado en los préstamos hipotecarios) entre las partes. En esa tesitura hay miles de clientes, ya que previamente la banca se afanó en reducir el impacto de una sentencia (que luego llegó desde Europa) en la que se reclamaba la devolución de todas las cantidades cobradas de más desde el inicio del préstamo hipotecario, y no solo desde mayo del 2013 como falló el Supremo en su día.

AVALANCHA DE DEMANDAS / Ibercaja, por ejemplo, que suma más de 30.000 hipotecas con cláusulas suelo heredadas de Caja3 (principalmente de CAI), no contempla acuerdos en los casos en los que haya habido novaciones en las condiciones. Y eso puede suponer una «avalancha de demandas», apuntan fuentes jurídicas. Además, las entidades financieras, en algunos casos, están recurriendo las sentencias de los últimos meses, en las que en un 90% de los casos se está condenando a la banca a devolver el dinero al cliente.

Por lo pronto, la sección V de la Audiencia Provincial de Zaragoza ya ha reclamado que se refuerce la actual plantilla con otro magistrado para hacer frente a las apelaciones realizadas por las entidades financieras, según apuntó ayer el juez decano de Zaragoza. En estos momentos, la capital aragonesa cuenta con un total de 18 jueces de primera instancia para hacer frente al trabajo. «Ya se estaba trabajando al 200%, pero ahora la carga de trabajo es mucho mayor, indicó Dolado, que se mostró «preocupado» por la situación de los juzgados de Zaragoza.

MÁS DEMORAS / Esta acumulación de asuntos ligados a la comercialización de productos financieros, entre los que también se incluyen los gastos de formalización de las hipotecas (registro, notario y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados), supondrá además una demora en la tramitación y resolución de los casos. «En Zaragoza existían unos tiempos de respuesta muy buenos en estos casos, pero ahora se retrasará todo, al menos hasta los 10 u 11 meses, desde que se interpone la demanda hasta que se dicta la sentencia», aseguró Dolado.