El caso del hospital de Alcañiz ni es único ni el primero de su tipo, sino que las administraciones aragonesas ya han recurrido a la resolución del contrato con las constructoras en tiempos recientes. El que más cerca se encuentra es el de las 80 viviendas comunitarias que se estaban construyendo en Las Fuentes, en Zaragoza. En esta ocasión, fue Dragados, que forma parte de la UTE del hospital de Alcañiz, la compañía adjudicataria. De hecho, la asociación de vecinos de este barrió convocó una escobada contra la constructora por la gestión del centro sanitario y de los pisos en la capital aragonesa.

La intención de la protesta fue «barrer simbólicamente» a la empresa, que tacharon desde el colectivo Dragados (y Destrucciones). A la misma la acusan de hacerse con los proyectos para dejarlos paralizados o no terminarlos en plazo por falta de presupuesto.

En lo relativo a las viviendas, fue el 3 de julio cuando se supo que el consistorio zaragozano inició el expediente de rescisión de contrato por el «incumplimiento sistemático de los plazos de obra marcados en los pliegos». En mayo, la constructora retiró la grúa y dejó a solo dos trabajadores en el lugar, como se constató en una inspección el 27 de junio.

El caso de Cuarte 3 resulta más lejano, puesto que fue hace casi 3 años, a finales de diciembre del 2016. Entonces, el Ejecutivo autonómico decidió iniciar el procedimiento para la resolución del contrato con la constructora Sacyr, ante el «reiterado incumplimiento de plazos». Como en esta ocasión, el Gobierno de Aragón solicitó una indemnización por daños y perjuicios.

No fue fácil el recorrido del centro, puesto que esta situación llevó a que la segunda fase de la obra, que competía al edificio de Primaria, saliera de nuevo a licitación a finales de marzo del 2017, un concurso que quedó desierto al mes siguiente. Por ello, durante los últimos días de octubre de ese año tuvo que repetirse este procedimiento.