La próxima legislatura, los consejos comarcales tendrán un 30% menos de miembros. Esta es una de las cuestiones que recoge la proposición de ley sobre la Distribución de Competencias Administrativas que ayer presentaron Luisa Fernanda Rudi y José Ángel Biel en un intento de perfeccionar la identidad jurídica de las comarcas y perfilar la singularidad del modelo territorial propio de Aragón. Además, se abre la puerta a una Ley de Capitalidad --que regularía la situación de Zaragoza-- que lleva años sin redactarse a pesar de estar en la agenda política. Otra novedad es que en un posterior desarrollo de la ley se podría elegir a esos consejeros mediante elecciones, al igual que se elige a las corporaciones locales, en lugar de que sean designados por los partidos dependiendo de la representatividad alcanzada por cada uno de ellos.

Esta ley introduce normas para racionalizar, modernizar y evitar duplicidades en las competencias de las diferentes administraciones, siguiendo "los principios de eficacia, subsidiariedad y sostenibilidad". Todo, según dijo Rudi, para garantizar unos servicios públicos de calidad en una comunidad con 731 municipios, de los que el 70% tienen menos de 500 habitantes. De este modo, se reasignan las funciones y competencias de las comarcas y las diputaciones provinciales y se dota de fondos a las primeras. Precisamente, durante la presentación de la ley se informó que la firma del convenio con las comarcas, pospuesto hace unos días, se hará la próxima semana.

Rudi recordó que en las Cortes se creó una ponencia de estudio para analizar el reparto competencial, que no generó "excesivo interés" entre la oposición, que llegó a abandonar esta ponencia, y que por ese motivo el PP y el PAR han ejercido su responsabilidades presentando estas proposiciones, que ahora serán debatidas y enmendadas en las Cortes de Aragón, con la intención de que entre en vigor a principios del próximo año.

Lo que queda pospuesta es la Ley de Capitalidad. A este respecto, Rudi, como presidenta del Gobierno, explicó que se presentará con formato de proyecto de ley, espera que sea en octubre, y que será entonces cuando el Ejecutivo emprenda "conversaciones formales" con el Ayuntamiento de Zaragoza para conseguir llegar a un acuerdo. Este lleva más de una década sin producirse.