Se venden todas las casas y locales de la calle Eva Duarte del zaragozano barrio de Oliver. Solo ver este vial empapelado con carteles de se vende ya es llamativo, pero es la manera que han encontrado los vecinos y comerciantes para protestar por la inminente compra, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de un inmueble de 12 pisos, propiedad de un banco, que llevan cinco años okupados y sin visos de que eso pueda cambiar. Los problemas de convivencia en la zona son más que evidentes, cada uno culpa a la otra parte en discordia, y el consistorio apostó por concretar una operación que supondrá un desembolso de más de 600.000 euros de las arcas públicas. Lo que no esperaba es que adquirir el inmueble supondría este rechazo.

Tal es el enconamiento entre las partes, que los residentes díscolos con esta adquisición municipal ya han puesto el asunto en manos de los abogados y amenazan por judicializar esta compra, que además de abonar unos 55.000 euros de media por cada inmueble, añadirá otros 5.000 por domicilio para acondicionarlos y reparar las deficiencias que presentan. Porque el objetivo es que esta docena de pisos okupados pasen al parque público de vivienda social.

«No nos fiamos», declararon a este diario algunos de los vecinos del entorno, quienes creen que esta compra solo servirá para «perpetuar una situación que lleva existiendo desde el 2013» y ante la que el ayuntamiento no ha hecho nada. Desde ese año, la entidad bancaria de Bantierra tiene dentro de sus pisos a estos inquilinos que no le pagan nada por habitarlos, y ya intentó llegar a un acuerdo de cesión de estos al consistorio entonces, en una negociación que se interrumpió más tarde y que ahora el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) culminará con la compra. Lo hará, según explicó el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, «a finales de este mes», cuando se celebre el próximo consejo de administración de Zaragoza Vivienda. Ahora que la oposición ha regresado a la toma de decisiones, se rubricará, al parecer, sin ningún voto en contra.

Solo el de los vecinos del entorno del número 5 de la calle Eva Duarte, que es donde se ubica el inmueble okupado, muestran su rechazo, sobre todo después de escuchar, aseguran, a algunos concejales de ZeC, en una reciente visita al barrio, «decir que tres de esas familias continuarán en esas viviendas».

«Ya están dados de antemano, y después de cinco años sin sacarlos de ahí, no creemos que los vayan a echar ellos», afirmaron. «No están decididos. Se adjudicarán de acuerdo a los criterios que siguen los servicios sociales y las familias que tengan que salir serán realojadas, porque hay que garantizarles una alternativa habitacional», replicó el propio Híjar.

ADMINISTRATIVA O PENAL

Pero al margen del clima que se respira en esta calle del barrio Oliver, este conflicto acabará en los tribunales, con o sin compra de pisos a Bantierra. Porque lo que van a denunciar este grupo de residentes de la calle Eva Duarte, que no se han constituido en asociación o plataforma de afectados pese a la unidad que dicen mantener, es la «dejación de funciones» que, de forma evidente, cree que ha actuado la «administración competente de velar por la seguridad de las personas, incluidas las que okupan el todavía inmueble de Bantierra». Así lo explicó a este diario Santiago Palazón, abogado que lleva la causa de los vecinos de la calle Duarte, que se plantean iniciar litigio «en vía administrativa o penal».

En ambos casos, el motivo sería idéntico, esa misma omisión que denuncian los residentes de la obligación legal que tiene el ayuntamiento. «Este edificio tendría que estar clausurado desde hace mucho tiempo porque no reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, y ante una patente ilegalidad con se está actuando, con riesgo manifiesto para las personas y bienes».

Así, el supuesto delito que se baraja en la denuncia es el de «prevaricación por omisión», que es el que define esta conducta municipal, conocedora de la okupación desde el 2013, sin que conste que haya habido una inspección dentro del inmueble, ni tener cédula de habitabilidad, no haya actuado para garantizar esas mínimas condiciones de seguridad.

Algo que también le compete al propietario, la entidad bancaria Bantierra, conocedora también de la situación, y del «clima insostenible» que todos dicen vivir y que roza el mobbing inmobiliario mutuo.