La huelga de los trabajadores de limpieza que prestan su servicio en los centros sanitarios de Aragón vivirá hoy un nuevo capítulo, llamado a recrudecer un conflicto que dura ya 16 días. Dos empleadas del hospital Clínico de Zaragoza iniciarán sendas huelgas de hambre, al tiempo que una quincena de compañeros se encerrará con ellas, en principio, durante dos jornadas. Mientras, patronal y sindicatos volvieron a evidenciar ayer que están muy lejos de alcanzar un acuerdo en torno a la firma del nuevo convenio colectivo para el sector.

La tensión se dejó sentir a primera hora de la mañana, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde al menos una trabajadora resultó agredida y requirió atención médica. Según el comité de huelga, la empresa Limpisa, una de las dos prestatarias del servicio --la otra es ISS--, habría contratado a personal para suplir el trabajo de quienes han optado por secundar los paros. Algo "totalmente falso", según Manuel Lago, responsable de relaciones laborales de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).

TENSIÓN Esteban Lauroba, del sindicato UGT, denunció que Limpisa llevó al centro hospitalario a "entre 20 y 30 personas, para realizar el trabajo del personal que de forma mayoritaria está siguiendo la huelga". "Un piquete ha tratado de convencerles de que no entrasen, pero no todas estas personas lo han entendido", añadió este representante sindical. Siempre según su versión, un grupo acabó encerrado en un cuarto de la limpieza. Los nervios fueron en aumento y finalmente se hizo necesaria la presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ante los que la concesionaria presentó una denuncia por la agresión --una "patada"-- a su empleada.

Mientras y como ha venido ocurriendo desde el inicio de la huelga, ayer también se produjeron movilizaciones. Después de hacerlo en las puertas del Servet y del Clínico, varias decenas de personas se concentraron ante el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Los sindicatos acusan a su consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, de "connivencia" con la patronal, en el desencuentro que las partes mantienen a cuenta de la renovación de un convenio cuya vigencia expira en días.

El titular de la consejería desmintió esas acusaciones e insistió en que se trata de un conflicto privado. "No son trabajadores públicos", pero ello "no quita --matizó-- para que nos preocupe". Oliván rehusó así auspiciar conversaciones entre las partes, a las que instó a que se reúnan en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para alcanzar un acuerdo. "Es el espacio que corresponde", apuntó, y se mostró convencido de la posibilidad de lograrlo, "porque hemos visto más espacios de consenso de lo que realmente transmiten". Aclaró, eso sí, que "nosotros no podemos tomar parte".

Dos días después de que entrase en vigor la ampliación de los servicios mínimos en el hospital Miguel Servet, por los actos de vandalismo en los que, en algunos casos, había derivado la huelga, el consejero afirmó: "Lo que queremos es que los profesionales puedan desempeñar su labor y los pacientes sean atendidos", algo que "las circunstancias actuales no ponen fácil".