El volumen de procedimientos sigue aumentando en la jurisdicción Social, en la que únicamente los recursos de suplicación ante los tribunales superiores de justicia y los de casación ante el Supremo están sujetos al pago de tasas y gravámenes mientras los de primera instancia quedan exentos.
El gravamen es en ambos casos menor que en las apelaciones y casaciones de la jurisdicción Civil y la Contencioso Administraviva --800 y 1.200 euros--, aunque sigue siendo elevado: 500 euros para suplicar y 750 para casar, a los que hay que sumar otro euro por cada millar de ellos en discusión. Esa circunstancia ha provocado un desplome de los recursos tras la primera sentencia en lo que va de año, según explicaron fuentes judiciales.
Los datos facilitados por el Decanato de la Ciudad de la Justicia indican que los siete juzgados de lo Social de la provincia de Zaragoza tramitaron entre el 1 de enero y el 31 de octubre un total de 7.803 asuntos. Eso supone un promedio de más de 1.100 litigios por oficina judicial, una carga de trabajo notablemente superior a la que puede soportar una plantilla estándar.
El aumento de los litigios en los diez primeros meses del año ronda el 10% en comparación con el mismo periodo del 2012, en el que los siete juzgados zaragozanos recibieron un total de 7.108 demandas.
Los efectos de la crisis y de la reforma laboral han provocado el nivel de conflictividad y litigiosidad más elevado que nunca se había vivido en la provincia de Zaragoza. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón lleva años reclamando la creación de más juzgados en la jurisdicción Social en Zaragoza.
