El pleno del Congreso convalidó ayer el real decreto ley de medidas urgentes para la minería del carbón y el desarrollo de las comarcas mineras en una sesión en la que se votaron ocho reales decretos y en la que también salió adelante la transposición de directivas de marcas y de transporte ferroviario.
El decreto ley del carbón fue aprobado con 132 votos a favor, 4 en contra y 212 abstenciones y se tramitará por el procedimiento de urgencia tras superar su votación con 343 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones, con lo que los grupos podrán incluir enmiendas.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió el real decreto ley de minería, así como su urgencia, al finalizar el pasado 31 de diciembre el plazo para que las empresas que quisieran continuar con su actividad devolvieran las ayudas recibidas para su cierre. Ribera afirmó que el Gobierno ha trabajado «en un verdadero plan de rescate de los trabajadores de las empresas privadas acogidas al plan de cierre» de la minería. Y manifestó que no olvida a los trabajadores de las contratas.
En este sentido, Ribera incidió en que el ministerio está trabajando en un plan urgente para las comarcas que incluye un plan de desarrollo de energías renovables, con especial atención a las zonas afectadas por los cierres en el que se emplearía también a esos trabajadores. También señaló que se suscribirán convenios de transición justa en las comarcas para fijar empleo y generar actividad económica.
Los más críticos con el real decreto ley fueron los diputados de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, y el del PP José Alberto Herrero Bono. El primero dijo que el texto es «el paso final en el inadmisible proceso de desertización de la cuencas mineras» y dijo que el Gobierno está «liquidando el carbón».
