La acogida de refugiados en España sigue siendo más una aspiración social que una realidad administrativa. Para reclamar una acción directa del Gobierno de España, el Congreso de los Diputados aprobó ayer una iniciativa que pide la puesta en marcha de medidas urgentes «para garantizar el derecho de asilo» en todo el Estado y en la Unión Europea. La mayoría de los grupos votaron favorablemente y Ciudadanos de abstuvo. Únicamente el PP se mostró en desacuerdo, algo que motivó las críticas de la diputada socialista por Zaragoza, Susana Sumelzo, que acusó a la formación de mostrarse «insensible» ante la crisis de migración. Además, reclamó que cumplan cuanto antes los compromisos adquiridos públicamente en diversos foros internacionales.

La proposición no de ley, que fue presentada por los grupos de Unidos Podemos y el PSOE, también insta a poner fin a las devoluciones en caliente en la frontera y a regular con garantías los centros de acogida para inmigrantes, puestos en cuestión por numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Los grupos que apoyaron la iniciativa destacaron la necesidad de facilitar las acogidas por el aumento de muertes que se producen en las fronteras cuando los migrantes tratan de entrar en Europa.