Las Cortes de Aragón aprobaron ayer, por unanimidad, un duro y contundente dictamen contra la gestión llevada a cabo en Caja Inmaculada (CAI) a partir del año 2000. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de unas conclusiones que ponen de manifiesto la existencia de irregularidades practicadas durante ese periodo, principalmente por parte de sus altos directivos, en lo que supone una condena en firme de las actuaciones que llevaron a cabo al frente de una entidad que ha desaparecido tras verse diluida en menos del 5% de la nueva Ibercaja.
El dictamen, todos los documentos y las informaciones facilitadas por algunos de los 40 comparecientes serán trasladadas "de forma inmediata" al Ministerio Fiscal "para el ejercicio, si procediera, de las oportunas acciones". Por tanto, y aunque la comisión señala que "no se han detectado indicios de infracciones penales", la Fiscalía tiene ahora la potestad de investigar, si lo cree oportuno, y pedir las actas de los órganos de gobierno de la caja que, finalmente, no fueron remitidas a las Cortes. La comisión denunció ayer la "limitación" sufrida por la no entrega de estos documentos.
UN ENORME AGUJERO
Las causas de la deriva de la caja se traducen, según el dictamen, en una pérdida reconocida global de 1.400 millones de euros. Todo ello después de unos años de expansión inmobiliaria "desordenada" en la que el crédito al sector promotor concentró hasta el 37% de la inversión crediticia. Lo que ayer puso de relieve la comisión de investigación fueron, precisamente, las causas que provocaron ese enorme agujero.
En la debacle de la entidad fue una pieza clave CAI Inmuebles, una sociedad participada en su integridad por CAI que "facilitó la expansión, el crecimiento desproporcionado del riesgo y la toma de decisiones de una manera casi ilimitada", refleja el dictamen. Esta sociedad trabajaba de forma casi independiente y su gestión fue "cerrada, opaca y equivocada", añade. De hecho, casi la mitad de los préstamos concedidos al sector promotor financiaban la adquisición de suelo "inmaduro" y "carente de perspectivas", lo que derivó en operaciones "fallidas" que ocasionaron un "importante quebranto económico" a la entidad.
Así, las Cortes recalcaron ayer que esta aventura estuvo guiada por "decisiones desacertadas, poco prudentes y sin criterios objetivos". Por tanto, el análisis de riesgos fue "claramente insuficiente", con una "grave falta de implicación" del consejo de administración, los comités ejecutivos de inversiones y de préstamos. Y mientras esto sucedía, CAI seguía engullendo promociones en Andalucía y Madrid al dictado de los directores generales en este periodo --sobre todo Luis Calvera y Tomás García Montes--, que ejercieron una "excesiva autoridad y poder", a través de un "marcado carácter personalista y autoritario".
ESCASO CONTROL
El dictamen puso énfasis también en la práctica ausencia del control de riesgos, en sus "debilidades" e "insuficiencias", agravado por la "falta de implicación" y la "omisión de responsabilidades" del consejo de administración y los comités (ejecutivo y de préstamos) de la caja, así como por la "insuficiente" capacidad de sus directivos.
La comisión también ataca la "ausencia total" de alertas, internas como externas (auditorías, Banco de España, CNMV, tasadoras...), así como al papel desempeñado por el Gobierno de Aragón que "no incidió directamente en la gestión de la CAI ni aprovechó el papel de tutela que la normativa le atribuía para interferir en la gestión". Su labor al respecto fue "insuficiente" y "poco efectiva". El dictamen también ataca al Banco de España al que acusa de no alertar, hasta finales del 2007, de los altos niveles de riesgo que asumía CAI.
Una retahíla de errores, cuya factura pasó, principalmente, a la propia caja, que desapareció, a los clientes y a empleados.
