Entre marzo y abril se produce una especie de vacío en las zonas hortofrutícolas de Aragón. Declina la faena en el campo y patronos y temporeros se toman unas semanas de respiro antes de empezar con fuerza la nueva campaña, que empieza con las labores de aclareo de los árboles.
Pero este año es especial. Nadie sabe si los jornaleros que suelen venir por estas fechas en gran número podrán incorporarse a sus puestos al término de sus vacaciones anuales, que suelen pasar en sus países, tanto en norte de África como en el este de Europa.
El coronavirus ha limitado la libertad de movimientos de tal manera que los temporeros están como atrapados en su tierra y los propietarios de frutales no saben muy bien qué va a pasar y temen que se pierdan las cosechas porque no habrá manos suficientes para cogerlas.
En este panorama, el decreto del Gobierno para facilitar la contratación de parados e inmigrantes en situación irregular ha sido una buena medida, según el sector, pero que quizá llega tarde.
«La Unión Europea y el resto de países de nuestro entorno tendrán que dar facilidades de movimiento, a partir del 26 de abril, porque, si no, no va a haber personal para coger la fruta», señala Manuel Rausa, miembro de UAGA y pequeño fruticultor en la comarca del Bajo Cinca.
Si no se actúa con rapidez desde ahora mismo, sostiene, la mano de obra quizá no llegue a tiempo y se pierda fruta por falta de manos para cogerla de los árboles.
Walid Ayadi, que trabaja desde hace tiempo de temporero en Caspe, ve que la decisión del Gobierno «está bien». En su opinión, es bueno que el Ejecutivo se fije en los inmigrantes irregulares como un colectivo que puede impedir el desabastecimiento de productos del campo.
«Hasta ahora, estas personas han sido muy explotadas, ya era hora de que cambiara la forma de verlas», opina Ayadi, que es marroquí. «Lleven el tiempo que lleven aquí, andan por ahí escondidos, con miedo de salir a la calle, y a eso no hay derecho», subraya.
Con todo, a estas alturas del año, en Caspe y su comarca apenas se ven jornaleros, afirma. «Este año no hay gente para trabajar, muchos se han ido a sus países, a Polonia, a Argelia, y resulta que ahora no pueden volver», explica.
Y lo mismo sucede con los trabajadores del campo que suben desde Andalucía cuando flojea la faena en el sur de España, y que ahora están obligados a permanecer encerrados en sus hogares o en los albergues donde residen.
«Si se quiere que la fruta no se pudra sin coger habrá que poner en marcha medidas muy concretas en lo que se refiere al transporte hasta los campos, pues con las actuales limitaciones los agricultores no podemos asumir el coste», apunta Manuel Rausa.
El problema afecta más a los pequeños que a los grandes propietarios de fincas frutícolas dado que los segundos suelen tener abundante personal durante todo el año para cubrir las necesidades de grandes extensiones cultivadas.
En el Bajo Cinca, por otro lado, se da la circunstancia de que no hay muchos parados, por lo que habría que permitir la salida de los que se encuentran en las ciudades y que deseen ganarse una dinero haciendo tareas agrícolas.
El problema es de difícil solución. Todo lo que suponga relajar los controles de la población contribuirá a expandir el coronavirus. De ahí que Rausa haga hincapié en que en toda decisión se prime ante todo la salud.
Ahora es una época de quietud en el campo, en lo que se refiere a nivel de actividad, pero una vez pase abril se entrará en los meses de mayor producción agrícola en las zonas especializadas en el cultivo de frutales.
Las cosechas de las distintas variedades se sucederán escalonadamente pero sin parar hasta la vendimia, allá a finales de septiembre. Por eso los patronos y los temporeros al unísono piden que se agilice la contratación.
