La parlamentaria socialista, María Victoria Broto, criticó, asimismo, que se haya prescindido de los valoradores y que la ley de acompañamiento recoja que las familias y dependientes tienen que pagar una tasa por la revisión de su caso. Según una orden publicada por el Departamento de Sanidad, esta tasa es de 30 euros, tanto si la revisión la pide el dependiente, como si la propone la Administración, comentó Broto, para criticar que "aquí todo vale para que el ciudadano se rasque el bolsillo" y el Gobierno, "con esta tasa, está demostrado que lo que le preocupa es recaudar".
Igualmente, lamentó que se haya acabado "con la transparencia y la información" ya que desde el 1 de diciembre no se han renovado los datos de la página web del Imserso, fecha en la que figura que en Aragón hay 9.341 personas que tienen derecho a la prestación por dependencia, pero "todavía esperan a recibirla". Broto también indicó que en el último Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia "hemos visto como se vuelven a poner palos en la rueda para que las familias tengan menos facilidades" y "se complica a nivel burocrático la aplicación de la ley", de forma que "a las personas y familias que habían pensando que tenían un derecho, se les dice ahora que sálvese quien pueda y que cada uno se solucione las cosas a su manera".
Aragón era, en junio, la comunidad que más había retrocedido en la aplicación de la ley, con dos puntos menos de valoración (5,4 frente a 7,5) según el Observatorio de la Dependencia.
