Los cuatro abogados que ejercen la defensa de los imputados en el caso PDL, en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, investiga el sobrecoste de 3,1 millones de euros que la empresa Conanvisa recibió por una parte de los trabajos de la nave de Caladero en Plaza, han pedido el sobreseimiento de las actuaciones. Así, el archivo ha sido solicitado tanto por Juan Monclús por el exviceconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, como por José Manuel Marraco por el exadministrador mancomunado de Plaza Desarrollos Logísticos (PDL), Santiago Coello, y por Jesús García Huici y Eladio Mateo Ayala por los sucesores de los anteriores al frente de la empresa pública, Pilar Valdivia y Pedro Colás. La última de esas solicitudes fue formalizada ayer. La instructora tiene sobre la mesa dos peticiones de documentación efectuadas por la letrada Irene Romea, que ejerce la acción popular en nombre de UPD. La magistrada todavía no ha tomado ninguna decisión acerca de esas propuestas. Lo normal, según explicaron fuentes jurídicas, sería que la jueza Terrer diera traslado de las cinco peticiones a todas las partes --incluye a la Fiscalía y a la DGA y Plaza, que ejercen la acusación particular-- para que se pronuncien antes de que ella decida si ordena el archivo de las diligencias o la práctica de las pruebas.