El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, Rafael Lasala, trata de dirimir si el Ayuntamiento de Zaragoza tiene o no responsabilidad penal en el trágico accidente ocurrido al inicio de las Fiestas del Pilar y en el que una viga de 4,90 metros cayó sobre una mujer a la que hirió gravemente en la Oktoberfest de Valdespartera. Quienes fueron los encargados de dar el visto bueno administrativo, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y el técnico Enrique Asensio, trataron ayer de excusarse, alegando que el consistorio no tiene por qué inspeccionar el montaje de carpas como la que sufrió el siniestro. Ambos se escudaron en que la ley de espectáculos públicos, aprobada por la DGA, no marca dicha competencia.

De los dos citados a declarar en calidad de investigados (antigua imputación) el más breve de ellos fue el edil de Zaragoza en Común (ZeC), quien aseguró que su única labor es la de «comprobar el expediente que envían los técnicos y si los informes son favorables se autorizan». «No conozco al detalle los procesos de concesión de licencias, documentación y requisitos que se exigen», afirmó, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

CONCESIONES

Cubero destacó que normalmente «no suele supervisar» todo un expediente, sino que «solamente» hace lo propio en «el último informe o propuesta». En este sentido, añadió que las concesiones son un acto reglado y, por tanto, «en caso de denegar alguna licencia podría incurrir en una arbitrariedad».

Más allá de su labor puramente administrativa, tuvo que contestar por qué no hubo una inspección de la estructura de la carpa que hubiera evitado el accidente, tal y como señaló la Policía Nacional, que afirmó que la viga se desprendió porque faltaban once elementos de sujeción. Las rachas de viento de hasta 48 kilómetros por hora que soplaron aquella noche hicieron el resto. Cubero reconoció que «sería materialmente imposible estudiar todos los expedientes que se someten a aprobación, especialmente en esa época de las Fiestas del Pilar». Añadió, no obstante, «desconocer» si el ayuntamiento tiene obligación, mediante sus empleados, de revisar la carpa. «Mi intervención se limita a comprobar que el expediente se ha tramitado», reiteró una y otra vez. Sobre las competencias de los bomberos -que realizaron un informe en materia de seguridad antiincencios- afirmó que «cuando firmó la licencia de apertura ignoró si este cuerpo de emergencias tienen que informar o no».

INCUMPLIMIENTO

Según la ordenanza municipal, este tipo de estructuras tienen que estar completamente montadas al menos 72 horas antes de ser abiertas al público. Un plazo que en este caso no se cumplió, fueron 42 horas, y que Cubero admitió no conocer que esto no se había infringido.

Una cuestión que tampoco determinó otro de los citados por el instructor, el jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, Enrique Asensio, quien dijo «no saber exactamente cuándo estuvo montada, por lo menos 48 horas antes».

Asensio mantuvo que no se envió ningún técnico municipal para revisar las estructuras porque la normativa «dice que se prevé que el solicitante aporte un certificado de que se cumple el requisito en cuanto a la solidez, como así ocurrió en este asunto». Respuesta que le fue rebatida, ya que, al parecer, a simple vista se podía corroborar que faltaban varias vigas accesorias. Ante ello, Asensio espetó: «Ya he dicho que no tengo capacidad técnica, que el servicio correspondiente le informó favorablemente y que entendía que se podía autorizar». «El servicio contra incendios no hizo ninguna mención en su informe», recalcó, a la vez que señalaba que «entendía» que «revisan toda la instalación».

CERTIFICACIÓN

Este funcionario reiteró, en definitiva, que su trabajo es la observar que cada concesión ha aportado todo la documentación necesaria, entre las que destaca la certificación final de la obra del ingeniero en la que se garantizaba el «cumplimiento de solidez de la carpa».

Junto a Cubero y Asensio, en esta causa están también imputados el responsable de la empresa que organizó la Oktoberfest de Valdespartera, L. G. S.; el jefe de mantenimiento P. P. C., y el ingeniero en cuestión S. E. F. Todos ellos se defendieron en su día ante el juez, alegando que la Policía Local y los Bomberos visitaron las instalaciones antes de su apertura.