Francisco Álvarez Cascos: Del 'caso Prestige' al retraso del AVE
El Ministerio de Fomento, con Francisco Alvarez-Cascos al frente, ha contribuido decisivamente a la impopularidad del Gobierno. Su decisión de enviar el Prestige "al quinto pino", cuando el temporal amenazaba con resquebrajar el maltrecho petrolero, agravó la catástrofe ecológica. Muchos expertos denunciaron entonces que Cascos no recabó suficientes informes independientes antes de ordenar el alejamiento del barco, lo que extendió la mancha de chapapote hasta las costas francesas. El ministro jamás reconoció haber cometido error alguno.
Cascos tampoco quiso asumir responsabilidades políticas por el retraso de la inauguración de la línea del AVE Madrid-Barcelona, prevista para este mismo año y pospuesta, al menos, hasta el 2007. Ni por la tardía y accidentada apertura de la línea Madrid-Lleida. Ni por el incremento del coste de las obras, superior al 38% respecto a lo presupuestado. Ni por los socavones detectados en el trayecto, de los que advirtieron los geólogos a través de varios informes que el Ejecutivo desoyó. Ni por los accidentes registrados en la línea ferroviaría convencional, fruto de los recortes presupuestarios.
Lejos de asumir sus fracasos, Cascos se ha empeñado en desmentir cada uno de los errores que le achacaba la prensa, muchos de los cuales se han confirmado con el tiempo. Al fin, tras revelarse que Fomento compró varios cuadros a la galería de arte de su nueva compañera sentimental, el ministro optó por anunciar su retirada de la política. Eso sí, en campaña ha seguido inaugurando obras del AVE pese a la prohibición de la Junta Electoral.
Pilar del Castillo: El sector educativo enpie de guerra
La mayor crispación de la política educativa del PP llegó con la promulgación de la ley orgánica de calidad de la educación (LOCE), diseñada por la ministra de Educación, Pilar del Castillo.
Recurrida ante el Tribunal Constitucional, la norma liquida la promoción obligatoria hasta los 16 años, establece itinerarios para desviar a los alumnos con peores calificaciones, impone que los que suspendan más de dos asignaturas repitan curso y restablece la reválida. Además, el Ejecutivo ha reforzado la asignatura de religión y ha impuesto un mínimo de cuatro horas semanales de enseñanza del castellano a las comunidades con lengua propia.
Miles de estudiantes se manifestaron contra esta reforma, que el Gobierno ha mantenido contra viento y marea. La posterior ley de ordenación universitaria (LOU), también impulsada por Del Castillo e igualmente impugnada ante el Constitucional, puso en pie de guerra a los estudiantes y los rectores.
Elvira Rodríguez: El PHN como arma de confrontación
El Gobierno sacó adelante en el Congreso el Plan Hidrológico Nacional con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, y la oposición del resto de fuerzas. Su proyecto más polémico es el trasvase del Ebro, que prevé detraer de la parte baja del río 1.050 hectómetros cúbicos de agua anuales para abastecer a Barcelona (ramal norte) y al resto del litoral mediterráneo hasta Almería (ramal sur). Diseñado por Jaume Matas, quien lo está ejecutando es su sustituta al frente del Ministerio de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez.
El fuerte rechazo suscitado en Aragón y Catalunya no arredró al PP, aunque le costó el Ayuntamiento de Zaragoza en las municipales y consolidó al socialista Marcelino Iglesias en las autonómicas. También contribuyó en Catalunya al desgaste de CiU, que en noviembre perdió las catalanas. La gran mayoría de los catalanes creen que el trasvase destruirá el frágil equilibrio ecológico del Delta del Ebro. En Valencia y Murcia, en cambio, el PP cimentó sus mayorías absolutas dejando al PSOE bajo mínimos.
Gobierno y PP han utilizado el PHN como símbolo de su apuesta por la vertebración de España, al tiempo que han hurgado en la división del PSOE y han alentado la confrontación entre los territorios beneficiados y perjudicados por el trasvase. La ministra Rodríguez se ha convertido en la cara visible del proyecto, que ha comenzado con la salida a concurso del suministrador de tuberías. El PSOE ha prometido paralizar las obras.
