La ley tiene una extensa y prolija exposición de motivos en la que justifica la redacción de este texto y detalla la autenticidad de las instituciones aragonesas y su Derecho Foral. Además de hablar de las Cortes, la Diputación General o el Maestre Racional (antecesor de la Cámara de Cuentas), también se detalla la figura del Justicia. En un intento por justificar la relación de Aragón con la Monarquía, obvia el ajusticiamiento del Justicia Juan de Lanuza por parte de las tropas de Felipe II al defender los derechos de los aragoneses. Según la exposición de motivos, "más allá de ocasionales episodios llamativos de enfrentamiento directo y físico con el Rey, durante los más de cuatrocientos años la actividad del Justicia y su tribunal fue una institución ordinaria y plenamente compatible con la autoridad del Rey". Asimismo, defiende la "nacionalidad histórica de origen foral" y considera a Aragón como "cabeza de la Corona de Aragón y entidad fundadora de la Monarquía Hispánica". Sin renunciar "a sus derechos históricos", la ley hace un esfuerzo continuo por defender la unidad de España y la lealtad de Aragón con el Rey de España, que también es Rey de Aragón. Asimismo, reivindica explícitamente el Principado de Gerona como título de la Corona de Aragón y las cuatro barras. Todo, en un tiempo en el que "se lesionan impunemente datos de nuestro pasado".
