La nueva ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó ayer que el Gobierno socialista prevé tener listo el decreto ley de de derogación del trasvase del Ebro en "unas dos semanas, el tiempo necesario para hablar con las comunidades autónomas afectadas", desde Andalucía hasta Cataluña pasando por Murcia y Valencia. El objetivo de los contactos será "acordar las inversiones alternativas destinadas a solucionar los problemas del agua en estos territorios".

El acelerado calendario se justifica por la urgencia de tramitar ante la UE el cambio de destino de los fondos solicitados para subvencionar el trasvase.

Narbona explicó en los pasillos del Congreso que la paralización de los trabajos en marcha no supondrá apenas quebranto económico para la Administración. "Las obras iniciadas son de tramos muy pequeños y en algunos casos podrán reaprovecharse para otros usos", precisó.

El anuncio de decreto ha caído como una bomba en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, acusó al nuevo presidente del Gobierno de "haber vendido la Comunidad Valenciana" para tener el apoyo de ERC. El portavoz del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva, acusó de Zapatero de tener "dos caras". La Generalitat tuvo la reacción opuesta. Zapatero "ha ido más allá de las expectativas que podíamos tener", celebró el consejero de Medio Ambiente, Salvador Mil .