El 27 de mayo, pocas horas después de la tragedia, el Ministerio de Defensa desactivó el plan de identificación para catástrofes que la Unidad Central de la Guardia Civil había diseñado, a través de un oficio enviado a todas las unidades de las provincias donde había familiares de las víctimas, a fin de que los allegados estuvieran preparados para ceder muestras de ADN . Posteriormente, a las 2,20 de la madrugada del 28 de mayo, los generales de división españoles, Vicente C. Navarro y José Antonio Beltrán, firmaron la repatriación de 30 de los 62 cuerpos a pesar de que no pudieron conocer su identidad, porque se encontraban carbonizados e irreconocibles. Meses después, se supo que entre esos 30 figuraba un bielorruso.
