El Ministerio de Defensa ha iniciado una serie de conversaciones con los representantes legales de los afectados por la tragedia del Yak-42 para negociar, entre otras cuestiones, posibles compensaciones económicas por los agravios sufridos durante el último año a manos del anterior equipo de Gobierno. La propuesta, que se ha presentado de manera verbal y por el momento no ha sido aceptada, incluye una importante contraprestación: los familiares deberán retirar todas las acciones legales emprendidas, salvo las que se hayan interpuesto contra la compañía del avión, la ucraniana UM Air.
Fuentes familiares y de Defensa confirmaron a EL PERIODICO DE ARAGON la oferta inicial del departamento dirigido por José Bono, que incluiría decir adiós a las dos denuncias penales presentadas ante la Audiencia Nacional por la Asociación de Víctimas del Accidente de Turquía Yak-42.
Ambas denuncias se han unificado, según explicó el letrado del colectivo Leopoldo Gay --en una de ellas se exigía una investigación judicial y la otra iba dirigida contra los dos generales que firmaron las autopsias, Vicente C. Navarro y José Antonio Beltrán--. Igualmente, los letrados de la asociación tendrían que renunciar a la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración, a la que exigen 40 millones de euros. Y en una situación similar se encuentran las quince familias que presentarán en breve otra demanda contra el Estado, solicitando más de 15 millones.
El jefe de gabinete del ministro, Roberto López, admitió ayer en Estambul, durante la realización de las pruebas de ADN a 37 familiares de los 62 soldados muertos, que los representantes ministeriales han hablado "de posibles compensaciones económicas". Eso sí, respondió con una sonrisa silenciosa a la pregunta de si esa "gratificación" les obligará a aparcar sus ansias por encontrar la verdad a través de la Justicia.
"Hemos hecho un inventario de todas las cuestiones pendientes para hallar un punto de acuerdo y estamos tratando de recuperar el diálogo perdido entre el anterior equipo de Defensa y las familias. En los encuentros celebrados se ha hablado de posibles retribuciones y de reconocimientos, pero el diálogo no ha concluido. Los afectados necesitan ahora un trato justo", matizó López.
El jefe de gabinete declinó posicionarse respecto a por qué el PSOE no desea impulsar ahora una comisión parlamentaria del accidente tras la solicitud presentada por varios familiares ante los grupos de la Cámara Baja, a pesar de que la formación la exigió en repetidas ocasiones desde la oposición. Se limitó a decir que el ministerio no puede decidir en ese ámbito y que, en caso de que se constituya, "Defensa colaborará". "Quien quiera conocer los documentos que obran en nuestro poder podrá hacerlo", añadió en alusión a la posible desclasificación de los informes secretos sobre los vuelos de las tropas a Afganistán.
Los allegados de 37 de las víctimas se sometieron ayer a tests de ADN en dos tandas en el Instituto Toxicológico de Estambul --a éstas se añaden las realizadas por otras 11 familias en el Anatómico Forense de Madrid--. Aunque las pruebas fueron sencillas, algunos no pudieron contener las lágrimas. Pero la entereza que mostraron todos resultó digna de admiración.
Los expertos turcos extrajeron muestras de sangre de cada pariente para cotejarlas con las que guardan de los 62 militares y de los tripulantes. Aunque la responsable de las pruebas no quiso dar fechas sobre cuándo estarán los resultados, sí mostró su compromiso por finalizarlas "lo antes posible". "Nunca se han visto ante un alud de pruebas como éste y de forma tan repentina", apuntó Gay. El director del centro, Keramettin Kurt, dijo que en 24 ó 48 horas podrían terminarse, aunque en este caso es probable que se incumplan los plazos.
Las noticias sobre restos inhumados sin consentimiento, unidas a la repatriación de 30 cuerpos que no fueron identificados plenamente y al incumplimiento del Protocolo de Interpol sobre la necesidad de realizar pruebas científicas a las víctimas, han llevado a las familias a no plantearse límites. "No sabemos hasta dónde habrá que llegar, pero es probable que haya que pedir exhumaciones si se demuestran los errores", explicó el letrado, quien criticó las "trabas" del anterior Gobierno. "No hubo investigación legislativa, el Ejecutivo reveló continuas contradicciones y el Poder Judicial se declaró incompetente", agregó.
