Con el fallo del Tribunal Supremo sobre el caso pagarés, ya son dos los casos juzgados en torno a las presuntas corruptelas en Plaza que acaban en absolución. En el anterior (aunque juzgado más tarde), el caso karts, no llegó a haber ni recurso, porque fue el veredicto del jurado el que absolvió directamente a García Becerril, Escó y un tercer acusado, Santiago Becerril (sin parentesco con el primero).

Si de un partido de fútbol se tratase, las acusaciones aún tendían minutos para remontar, ya que quedan pendientes la causa principal (el caso saqueo, por la presunta malversación de 150 millones en las obras de urbanización del polígono) el caso aulario (por el presunto uso de una factura falsa para cobrar unas obras, solo para Iglesias) y el caso paraísos, aún bajo investigación judicial.

Este último en realidad deriva del que ahora ha cerrado el Supremo, ya que pretendía aclarar qué se hizo del dinero que presuntamente se habían repartido los cuatro investigados por el asunto de las naves de Autocity. Podría pensarse que, absueltos en la causa principal, ya no hay nada que investigar, pero un informe de la Policía Nacional sobre los movimientos de capital de los investigados reflejaba indicios de blanqueo y alzamiento de bienes, y la jueza sigue investigando.

Como quiera que terminen estas causas (las dos primeras al menos llegarán a juicio seguro), el hecho es que los dos procesos ya terminados, que en su día impulsó el Ejecutivo del PP-PAR de Rudi, tras asumir la gestión de Plaza, han acabado en agua de borrajas. Este, tras los razonamientos del Supremo, el otro tras una sorprendente decisión de un jurado popular.

El caso karts trataba de la presunta comisión cobrada por Ricardo García Becerril por la compra de los terrenos del antiguo Kartódromo Aragón a su propietario, Santiago Becerril. Este cobró 6,3 millones por el traspaso, y confesó a la Policía Nacional, al juez instructor y delante del jurado que dio una comisión cercana al 10% (más de 600.000 euros) al gerente de Plaza, que este dijo que iba a repartirse con Escó, «ese de barbas». La Fiscalía, la DGA y la propia Plaza hicieron ver al jurado que la prueba era contundente, porque ¿para qué va alguien a meterse en el lío de confesar un soborno, cuando puede callarse? Pero los nueve hombres justos consideraron que no era prueba suficiente, y el asunto acabó en absolución.

Antes de ella, varias causas más relacionadas con Plaza habían acabado archivadas. Así sucedió en el caso apartadero, en el que llegó a estar imputado todo el Consejo de Administración de la época, por el presunto amaño en la compra de los terrenos del apartadero ferroviario y los terrenos de reserva para futuros crecimientos. El juez acabó por entender que la necesidad de una operación previa justificaba la operación sin publicidad, sin mucho más indicio de corrupción.

También el caso cuadros, relacionado con la compra de obras de arte a precio teóricamente desorbitado, terminó sobreseído cuando un análisis lo vio razonable. Y ya antes lo fue el caso Caladero, por un sobrecoste en unas naves.