No todo iban a ser malas noticias para la consejería de Hacienda. El dato del déficit de mayo se situó en el 0,68% del Producto Interior Bruto (PIB). Creció menos que en meses anteriores y el desajuste, aunque es ya de 222 millones de euros, se modera. La unidad de control del gasto que entró en funcionamiento a mediados de ese mes empieza a tener sus efectos en las cuentas públicas. La comunidad sigue estando por encima de la media nacional, y obtiene la misma cifra de déficit que en el mismo mes del 2013.

El 0,68%, sin ser un buen dato porque el máximo anual es del 1%, supone un balón de oxígeno para el Gobierno. Y más después del demoledor informe de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. El consejero de Hacienda, Javier Campoy, aseguró ayer que el ritmo de crecimiento se estaba "desacelerando". La cifra, con un crecimiento respecto a abril del 0,08% avala su gestión. De marzo a abril, cuando todavía no estaba en el departamento, se pasó del 0,45% al 0,60%. Sin embargo, fue menos impetuoso en cuanto a las posibilidades de Aragón para cumplir con el 1% a final de año. Existen serias dudas en el seno del Ejecutivo de que se consiga.

SIN CONCRETAR Lo que es seguro es que no habrá medidas extra de recorte. Lo dijo tajantemente el portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro. El Ejecutivo no hará caso del informe de la autoridad independiente en el que se apuntaba como "poco probable" el cerrar el año con el 1% de déficit y pedía nuevas propuestas complementarias. Se sigue confiando en los efectos que tendrá la unidad de control en este ejercicio. Llevará a cabo retenciones de crédito por 148 millones. Es decir se dejarán partidas sin ejecutar por este valor. Ninguna de ellas, insistió Campoy afectará a los servicios sociales. Tampoco precisó qué se dejará de hacer. Habló de inversiones y subvenciones, que podrían quedar reducir a la mitad, nada más. Precisamente esa era una de las críticas del informe, la falta de concreción. Campoy no quiso entrar en más detalles porque las negociaciones con el Ministerio de Hacienda están todavía rodando. En cualquier caso, todo apunta a que el ajuste para volver al equilibrio rondará los 200 millones.

En el Pignatelli no esconden su malestar con la autoridad independiente de responsabilidad fiscal por haber emitido el informe cuando las conversaciones entra la Administración central y autonómica estaban en marcha. Campoy defendió ayer a capa y espada el Plan Económico--Financiero y restó valor a las recomendaciones de este órgano que se encarga de fiscalizar a las comunidades incumplidoras como es Aragón. "Igual que ellos dudan de lo que hemos dicho nosotros, nosotros dudamos de lo que han dicho ellos", dijo durante su intervención durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Insistió en que el plan económico financiero es "creíble y posible", que incluye una cantidad de partida superior a los 93 millones --procedentes del desequilibrio en la consejería de Sanidad-- que hay que corregir --son unos 200 millones--, que aún se está negociando con el Ministerio de Hacienda y que "no va a ser malo para los aragoneses", porque "bajo ningún concepto" toca partidas de educación, sanidad, servicios sociales y políticas de reactivación económica y empleo. Más o menos lo mismo que lleva diciendo en los últimos meses. También anunció que una vez el plan esté aprobado irá al Parlamento a presentar el documento. Puso en duda que mañana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, puede salir adelante, puesto que el plazo termina a finales de agosto. Lo que es seguro es que se conocerá el techo de gasto para el 2015, que determinará el signo del último presupuesto de este Gobierno, a pocos meses de las elecciones.