Todos los correos, 'whatsaps' y documentos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO forman parte de la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, primero, y en la de Zaragoza, después, los sacerdotes Roberto Ferrer y Antonio Mas, y la laica María del Carmen Amador para que un juez investigara al menos nueve delitos que se habrían cometido en la diócesis --amenazas, coacciones, abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, administración desleal o apropiación indebida-- y que no habrían sido abordados por la jerarquía eclesiástica. La denuncia no se dirigía a nadie y su única finalidad era que "los autores de los hechos delictivos afronten sus responsabilidades". Pero algunas de las supuestas pruebas, según las fuentes consultadas, podrían haber sido obtenidas de forma no del todo lícita.