La recuperación del mercado laboral de Aragón ha entrado en barrena. El número de afectados por los expedientes de regulación de empleo, más conocidos como ERE, creció de forma notable el paso año, sobre todo en la modalidad más traumática de este procedimiento administrativo, la del despido colectivo. En concreto, en el 2019 hubo 1.048 trabajadores aragoneses que fueron a la calle por esta vía, casi el doble (un 79,5% más) que en el 2018, cuando hubo 584 afectados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Se trata del peor dato de los últimos cinco años, aunque muy lejos todavía de los niveles alcanzados en la etapa más dura de la última crisis, entre el 2008 y el 2014, cuando se produjo una sangría de empleo como consecuencia de la caída de la actividad y los cierres de empresas.
Hay que remontarse al 2014, cuando perdieron su trabajo 1.261 aragoneses bajo esta fórmula legal, para encontrar una estadística más elevada. En el 2015, el número de víctimas de despidos colectivos descendió drásticamente a 570, un volumen muy similar al anotado en los dos ejercicios siguientes: 624 en el 2016 y 461 en el 2017. En estos cómputos se incluyen tanto los expedientes presentados ante la autoridad laboral del Gobierno de Aragón, donde se cursan la mayoría de los ajustes de plantilla, como los tramitados en el Ejecutivo central, al que deben recurrir las empresas que aplican regulaciones de empleo que afectan a centros de trabajo ubicados en varias autonomías.
PSA, IBERCAJA Y SCHINDLER
El 2020 no ha empezado con buen pie para el empleo. Los primeros meses del año están haciendo palidecer las cifras de despidos de todo el ejercicio pasado. No hay datos oficiales de enero y febrero, pero los ERE de extinción que han planteado recientemente por PSA, Ibercaja y Schindler --los dos primeros todavía no se han tramitado-- suman 1.150 afectados, más que en todo el año pasado. No obstante, los despidos propuestos por el fabricante de automóviles y el banco no se prevén traumáticos al sustanciarse por medio de prejubilaciones.
También crecieron en el 2019 las regulaciones de empleo bajo la modalidad de la suspensión temporal de contratos. El pasado año 1.519 trabajadores aragoneses se vieron afectados por este tipo de ERE, un 37% por encima de los registrados en el año anterior (1.111), pero menos de los que hubo en el 2017 (1.675) o el 2016 (10.094). Mientras, los expedientes de reducción de jornada --la menos dañina de las medidas de ajuste-- han descendido hasta tan solo 87 empleados implicados, un 67% menos.
El número total de afectados en Aragón por un expediente de regulación de empleo (ERE) en sus tres modalidades ascendió el pasado año a 2.654 trabajadores, un 35% más que en el 2018.
DE EJEA A CASPE
En torno al 90% de estos ajustes de personal fueron tramitados por el Ejecutivo autonómico. En el 2019, la DGA tuvo que gestionar 97 expedientes de regulación --cinco menos que en el 2018 (102)-- que afectaron a 2.390 trabajadores aragoneses, un 9,33% más. De ellos, 32 fueron de extinción y supusieron el despido de 849 trabajadores (un 55% más); 49 de suspensión, para 1.454 empleados (un 6% más); y 16 de reducción, para 87 (un 68% menos), según los datos facilitados por la Administración autonómica.
Entre los ERE más destacados del pasado año se encuentran el de la empresa Future Pipe (antigua Protesa), que cerró su planta industrial de Ejea de los Caballeros y dejó en la calle a 116 trabajadores. Otro de los expedientes más abultados que se produjo tuvo lugar en Caspe, con el despido el pasado mes de julio de 62 trabajadores de la firma textil Losan, que recortó la plantilla por el traslado a Portugal de su centro logístico.
Por provincias, Zaragoza ha concentrado casi el 70% de los ceses laborales (586 sobre un total de 849) tramitados por la DGA, mientras que en Huesca y Teruel hubo 85 y 37 trabajadores, respectivamente, en despidos colectivos. Otras 141 extinciones de contrato fueron en regulaciones de empleo de ámbito autonómico.
BALANCE POSITIVO DEL 2019
La evolución estadística pone de relieve que la desaceleración económica iniciada en los últimos trimestres ha empezado a pasar factura al mundo laboral, aunque la situación no reviste de momento una especial gravedad. El repunte de los ERE de extinción fue notable en el 2019, pero el volumen de afectados siguió siendo bajo si se compara con los ocurrido en la Gran Recesión iniciada en el 2008. Cabe recordar que entre ese año y el 2011, las regulaciones de empleo provocaron 10.869 despidos en Aragón. Y entre el 2012 y el 2014 se destruyeron otros 5.632 puestos por esta misma vía.
De hecho, el balance laboral del 2019 no fue malo para la comunidad, que acabó el año con 14.300 ocupados más y 6.900 desempleados menos, según la encuesta de población activa (EPA). No obstante, el mal arranque del 2020 y los efectos del coronavirus pueden provocar un cambio de tendencia.
