El Ayuntamiento de Zaragoza dio ayer el paso decisivo para que el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, levante el veto impuesto el pasado mes de septiembre a captar más deuda a largo plazo. La Unidad Central de Contabilidad y Tesorería ha puesto cifras por fin a lo que la Intervención y el área de Economía pactaron en noviembre con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): que la deuda del tranvía, aunque compute en la contabilidad municipal, no le lleva a superar el 110% de los ingresos anuales, que por ley es lo que sustenta esa prohibición. Esta se apoyó en la consideración de que esa deuda del tranvía debería aparecer en las finanzas locales en su integridad, más de 200 millones. Los técnicos ahora han concluido que esa cifra debe reducirse a 84.731.906,93 euros. Y ni un céntimo más.
Ese cómputo global de 84,7 millones de euros responde a dos conceptos bien diferenciados: por un lado, 37.376.963 euros pertenecientes a la financiación incondicionada proveniente del ayuntamiento por los pagos por disponibilidad anuales hasta el final de la concesión (el 2044) y las subvenciones de capital por la construcción de la línea; y por otro, 47.354.943,93 euros por la cuantía estimada para los 26 años que restan de contrato para subvencionar el precio del billete al usuario. El coste real sería de 2,5 euros por viaje, no los 76 céntimos que los zaragozanos pagan. Y ese es el precio al que sale cada asiento que no se ocupa respecto a la demanda prevista.
180 MILLONES EN TOTAL
El informe definitivo del ayuntamiento, que la propia IGAE le dio instrucciones de cómo calcular hace menos de un mes, determina que esa es la parte del pasivo financiero correspondiente a la sociedad de economía mixta Los Tranvías, en la que representa solo el 20% del accionariado, que le toca asumir al consistorio. Y, además, matiza la cuantía global que formaba parte de esa deuda global del tranvía, ya que en noviembre se estimó que rondaría los 190 millones de euros, descontando ya el IVA (40 millones), y ahora se ha reducido a 180.098.313 euros, 10 millones menos.
Con todos estos cálculos, la conclusión es automática: si el nivel de endeudamiento actual está en el 92%, en torno a 690 millones al cierre del 2018, esos 84,7 millones adicionales a computar en la contabilidad de Zaragoza supondrían elevar la cifra pero se situaría por debajo de los 780 millones, o lo que es lo mismo, dejaría el porcentaje en el 101%.
EL LÍMITE ES 40, NO 32,8
Teniendo en cuenta que la ley impide captar préstamos -y obliga hacer un plan de reducción de deuda- a los municipios que superan el 110% de sus ingresos, para Zaragoza, pasar de computar más de 200 millones a solo 84,7 es estar a un lado o al otro de la ley. Con la deuda íntegra se situaba en el 126% y con la nueva cifra, Zaragoza aún estaría a 75 millones de euros de ese 110% legal. Además, descontados los 35 millones suscritos en créditos a corto plazo esta semana, no es que pueda captar 32,8 millones este año en préstamos bancarios para dedicarlo a inversiones, es que podría llegar hasta los 40.
Pero para ello tiene que haber presupuesto. Este era un documento importante para el PSOE, que condicionó la negociación con ZeC a que se levante el veto de Hacienda. Lleva camino de hacerlo. El 31 de enero, precisamente hoy, era la fecha límite acordada con Madrid para comunicar este cálculo que Contabilidad y Tesorería municipal culminó el pasado lunes y ayer se remitió a la IGAE. Advirtiendo, además, que la cifra se refiere al cierre del ejercicio 2017, que es el que el ministerio discutía al vetar a Zaragoza, y que en el 2018, con la amortización, la cifra será siempre inferior a 84,7 millones.
