La DGA confirmó ayer su intención de equiparar la enseñanza pública a la concertada, al menos, en lo que al servicio de comedor se refiere. La consejera de Educación, Dolores Serrat, ratificó ayer en las Cortes que los dos sectores pasarán a gozar de los mismos privilegios en cuanto a subvenciones y becas, que pasarán a adjudicarse por criterios de progresividad.

La decisión corrobora, pues, la declaración de intenciones transmitida desde el Ejecutivo en numerosas ocasiones. "No es justo que un alumno de la enseñanza pública tenga que pagar 77, 3 euros por un servicio que cuesta 105 al gozar de subvención y uno de la concertada abone su importe íntegro, que es 105", expuso Serrat, que, además, advirtió que la subvención para el comedor "llega a cualquier alumno de la pública independientemente de su renta y a ninguno de la concertada, da igual la renta que tenga".

PROGRESIVIDAD Así, la consejera justificó una decisión que ya está tomada y que supondrá una especie de conciliación entre los dos sectores educativos en el servicio del comedor escolar que, a partir de ahora, pasará a estar regulado a través de un sistema de progresividad según la renta familiar, un sistema que también se utilizará en el futuro reparto de los libros de texto.

Serrat, que vinculó la aplicación de la progresividad a los debates habidos en la mesa de trabajo de la Educación, habló de "desigualdad" entre el sector público y el concertado en el servicio del comedor, lo que provocó las críticas de algunos grupos parlamentarios, como CHA, que recriminó esa "conciliación" en un momento marcado por "el ajuste y la falta de dinero", mientras que IU solo aplaudió que tengan ayudas los alumnos que llegaran a la concertada por no tener sitio en la pública

Las diferencias entre DGA y ayuntamiento provocó, a comienzos de curso, que varios colegios zaragozanos cerraran sus comedores por falta de comensales. Los centros estaban ocupados en su práctica totalidad por alumnos de familias con pocos recursos y que dependen de la beca para poder utilizar el servicio, por lo que nadie podía pagar por adelantado sin saber si tendría luego la ayuda. Finalmente, la DGA concedió libertad a los centros para que los alumnos pudiesen utilizar el servicio sin pago previo.