El Gobierno de Aragón cuenta con 800 edificios demaniales (bienes públicos), de los cuales un 2% están vacíos. Los impuestos y gastos por estos últimos supusieron el año pasado unos 37.000 euros de un total de 81.421, pero a lo largo de la legislatura ha obtenido 2,5 millones subastando inmuebles. Eso fue al menos detalló ayer el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, interpelado en el pleno de las Cortes por la diputada del PAR Elena Allué.
La diputada acusó al Ejecutivo autonómico de no haber hecho «nada» por reducir el gasto en estos inmuebles sin uso, y dio algunos ejemplos. La mayoría de ellos en Zaragoza capital, como le hizo notar con sorna Gimeno, recordando su condición de alcaldable por la capital aragonesa.
El consejero negó que no haya habido actuaciones para reducir los pagos, además de las subastas. Otros inmuebles, expuso, han sido cedidos para vivienda pública. Y en el resto se están llevando a cabo diversos proyectos.
Entre los que despertaron el interés de Allué, Gimeno destacó que los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza, además de los Servicios Sociales, que están en proceso de traslado, podrían albergar también a la Cámara de Cuentas, que actualmente «está en precario», recordó, en el cubo de la plaza Eduardo Ibarra, de propiedad municipal.
El consejero enumeró algunas ideas, más o menos desarrolladas, del Ejecutivo para sus inmuebles actualmente sin uso. Como la cesión del Pabellón de España de la Expo por parte del Estado, en cuyo contenido «está trabajando Educación».
BILATERAL
También mencionó la posibilidad de aprovechar la antigua escuela de artes de la plaza de Los Sitios para ampliación de museos «u otros usos culturales», el antiguo reformatorio del Buen Pastor para usos vecinales o el chalet de Lagasca del antiguo juzgado de menores para otros usos. En todos estos ejemplos insinuó o citó problemas de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, y de hecho varios de ellos dependerían de la reunión bilateral que no llega (ni llegará, parece) a celebrarse.
El consejero anunció que el antiguo Casino Montesblancos de Alfajarín va a ser demolido por la DGA -cuando haya disponibilidad presupuestaria para ello- para evitar los continuos casos de vandalismo y okupación a los que se ve sometido, y anunció que hay «finalidades previstas» para el pabellón de Aragón de la Expo, sin detallar cuáles ni su fase de desarrollo.
