Huesca y Teruel no tendrán un régimen especial para su financiación equiparable a la ley de capitalidad que ayer el Gobierno de Aragón tomó en consideración.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, fue conciso a la hora de frenar las pretensiones mostradas por las capitales provinciales al considerar que no pueden ampararse en el mandato estatutario que regula las cantidades que la DGA aportará para la atención de las competencias impropias que desarrolla Zaragoza. «Debe tener una financiación y una organización propias y específicas solo por ser la capital», aseguró.
Una vez iniciada la tramitación de una ley de capitalidad que Guillén calificó de «absolutamente necesaria» y que podría llegar en el plazo de un mes a las Cortes de Aragón para su debate se abordará la financiación del resto de entidad «en igualdad de condiciones».
consensos / Está prevista la redacción de una futura ley de participación de los entes locales en los ingresos de la comunidad que deberá contar con el consenso de todas las entidades implicadas. En este caso los plazos todavía no se han definido. «Nuestra intención es definir criterios objetivables entre todos los implicados», adelantó el consejero.
Hasta el momento, los alcaldes de Huesca, Luis Felipe (PSOE), y de Teruel, Enma Buj (PP), ya han manifestado públicamente que como capitales provinciales estarían dispuestos a negociar un régimen especial para garantizar el sostenimiento de la población en el territorio.
21,5 millones / La norma de capitalidad establece un «suelo» de las partidas que recibirá Zaragoza, de 21,5 millones de euros. Hasta que se promulgue, el Ejecutivo aragonés transferirá al consistorio zaragoza ocho millones anuales, que se incrementarán en la misma proporción que suban los ingresos no financieros de la propia comunidad, pero que no bajarán. Adicionalmente, se asegura un presupuesto anual 13,5 millones de euros para atender las competencias atribuidas al consistorio por la comunidad.
La ley también establece la creación de un espacio de diálogo bilateral en el que se estudiarán el resto de deudas en conflicto entre administraciones, como la llamada deuda del tranvía.
