Aunque el compromiso de modificar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) existe, tanto Podemos como el Gobierno de Aragón llevan varias semanas acusándose mutuamente de frenar cualquier acuerdo por motivos electorales. Ayer en las Cortes de Aragón le tocó atacar al líder de la formación morada, Nacho Escartín. «Ustedes son los culpables de alargar un conflicto con no se sabe qué intereses políticos», le espetó al presidente de la DGA, Javier Lambán.
La respuesta se tradujo en una nueva oferta de diálogo. Esta vez con el Ayuntamiento de Zaragoza. Superada la fecha que Podemos marcó como límite para conocer una propuesta de reforma sin un modelo concreto, la DGA se dirigió a la institución de la que han salido las voces más críticas con el tributo. Así, Lambán le ofreció al alcalde Pedro Santisteve la posibilidad de asumir los gastos de depuración que tiene la capital aragonesa, lo que permitiría reducir el recibo a los zaragozanos un 10% primero y un 20% dentro de dos años, en el 2020. El ahorro supuestamente sale de las amortizaciones de deuda. En este caso el impuesto sobre la contaminación se seguiría cobrando con un 60% de bonificación.
En el caso de que la respuesta de los responsables zaragozanos a esta idea sea negativa se podría aplicar el sistema contrario. Con esta modalidad sería el ayuntamiento (a través de Ecociudad) el que procedería a girar mensualmente el ICA a los zaragozanos y la DGA deberá pagar la mitad de los costes de esta gestión (se calcual un mínimo de dos millones de euros). En este caso la recaudación del tributo se ingresaría en las arcas autonómicas. Y en ambas opciones supondría una simplificación en las facturas que reciben las familias al ser unificadas.
Convenio
La opción elegida tendría que plasmarse en un convenio independiente del proyecto de ley de reforma de la ley de aguas en la que se recoge el ICA. Lambán expresó en la tribuna que no tiene preferencia por ninguna de las fórmulas y que deja la elección abierta a los responsables de Zaragoza en Común. Sin embargo, para avanzar en esta materia la propuesta de la DGA deberá estar en el orden del día de una futura comisión bilateral entre las dos administraciones. Aunque todavía no tiene fecha las dos partes han mostrado su interés en que se produzca lo antes posible en virtud de la recientemente aprobada ley de capitalidad.
Y volviendo al cuerpo del ICA, Lambán insistió en que las propuestas de reforma que se han puesto sobre la mesa no están tan alejadas. Y para demostrarlo destacó que los técnicos jurídicos del Gobierno de Aragón encargados de trabajar en la nueva ley de aguas tendrán en cuenta el aporte de la Red de Agua Pública (RAPA) en su tarea de encajar el impuesto renovado. Esta agrupación de ecologistas, partidos políticos, colectivos de consumidores y ayuntamientos se levantó de la mesa de debate en la que se trabajó el decálogo que servirá de base para la modificación en la última sesión. Lo hizo como medida de protesta al considerar que las conclusiones a las que se estaba llegando eran muy amplias y poco representativas de su posición crítica.
Escartín pidió de forma reiterada que se tenga en cuenta el informe elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Zaragoza Ismael Jiménez, que supondrían una reducción del pago del 60%, de 42 a 13 euros en una familia de tres personas. Y destacó que la tregua planteada por la formación morada para detallar unas bases se ha terminado. «La moviliación irá a más si no hay cambios profundos», dijo.
Distancia
El resto de partidos observó desde la distancia el enfrentamiento entre los socios de investidura. La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, indicó que ejercen de «matrimonio en crisis» y acusó a Podemos de llevar una legislatura entera «tragando ruedas de molino».
El Partido Popular también cargó contra Escartín por tener «mala conciencia» al no haber logrado las reformas que le habían prometido a su electorado. La portavoz Mar Vaquero consideró que la situación es «un nuevo fracaso» de la coalición de izquierdas. Desde el PAR, Arturo Aliaga pidió «elevar el debate» y no «empezar la casa por el tejado», en referencia a tocar el impuesto antes de rediseñar el plan de saneamiento y depuración, un cambio que también está sobre la mesa.
Por su parte, Patricia Luquin (IU) consideró «desleal» el anuncio realizado por Lambán, al no haber informado anteriormente a Zaragoza en Común. Al igual que Podemos insistió en la modificiación del ICA por creerlo «un impuesto injusto y mal planteado» que afecta a todos los aragoneses.
