La relación entre el Gobierno de Aragón y los funcionarios públicos ha vuelto a la senda del diálogo, aunque los frutos concretos todavía sean escasos. Las principales agrupaciones sindicales reclaman que la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con Fernando Gimeno al frente, se vista de nuevo de izquierdas para recuperar los derechos perdidos desde el inicio de la crisis en el 2008.
Por ahora, el único compromiso en firme es el de pagar el 50% de la paga extra pendiente desde el 2012 en los próximos 10 meses. Un 25% se ingresará este mes en una nómina extraordinaria adicional a la ordinaria, por aquello de evitar problemas jurídicos. Y el 25% restante posiblemente estará reflejado en los próximos presupuestos a abonar en el 2018. La cifra total alcanzará los 20 millones de euros.
La Mesa General de la Función Pública reunió ayer en Zaragoza a los respresentantes de los sindicatos CCOO, UGT, Satse y CSIF. El objetivo inicial planteado por el Gobierno de Aragón era el de recuperar el diálogo social que, tal y como han manifestado las organizaciones sindicales en diversas ocasiones, fue completamente inexistente durante la pasada legislatura. Y en los últimos meses tampoco ha sido algo especialmente destacable, con la judicialización de algunas convocatorias incluida.
Ofrecimiento
En la mesa también se abordó también el anuncio del Ministerio de Hacienda por el que se quiere reducir el número de interinos en las administraciones al 8%. El camino no será sencillo y previsiblemente se irá abordando en diversas mesas sectoriales todavía a convocar. «Cada sector es un mundo diferente, no es lo mismo en los sectores esenciales que en la Administración General, donde la tasa de reposición es el 50%», precisó Gimeno.
Con la vista puesta en futuros encuentros, desde el departamento de Hacienda se pusieron sobre la mesa cuestiones relativas a las ofertas de empleo público, la incapacidad laboral, la bolsa de horas destinadas a la conciliación o medidas para mejorar la acción social.
En detalle, el Gobierno de Aragón se ofrece a asumir el 100% del coste que se deriva de los casos de incapacidad temporal a partir del quinto día laboral, frente a lo que ocurre en estos momentos, cuando la administración únicamente asume este coste a partir del día 20.
Gimeno también planteó la posibilidad de recuperar el millón de euros en materia de acción social que se había perdido durante los años de la crisis e incluirlo en el ejercicio del 2018, consignando un total de cuatro millones de euros a este respecto. Además, propuso la posibilidad de consignar una bolsa de horas de conciliación, que podría implantarse antes de que finalice la actual legislatura.
Futura legislación
No obstante, el responsable de las finanzas autonómicas condicionó estos posibles acuerdos al cierre de la negociación en torno a la próxima ley de función pública que todavía está en sus primeras fases. «Tenemos cosas que definir y costará tiempo», reconoció Gimeno.
Los sindicatos convocados, por su parte, celebran la mano tendida desde el Ejecutivo, pero reclaman medidas concretas. «Han celebrado la buena voluntad que hemos mostrado, pero evidentemente todos ellos querrían haber logrado mucho más», reconoció el consejero.
