Siguieron las comparecencias en la comisión de investigación de Plaza, y lo hicieron en la misma tónica que las dos jornadas anteriores. Ayer fue el turno del segundo consejo de administración, el que llegó hasta el 2011. Se constató que sus miembros tomaron las decisiones convencidos de que tenían toda la información, algo que siguen manteniendo a día de hoy. Ahora bien, el Gobierno solo hizo, a través de Intervención general, cuatro auditorías --2001, 2002, 2003 y 2006-- y ninguna de ellas llegó al consejo de administración.

En la última de ellas, la del 2006, se recomendaba la rescisión de tres contratos, al entender que los sobrecostes habían sido excesivos. Ese informe se remitió a los responsables de Plaza, que no solo no lo comunicaron al consejo de administración, sino que ni siquiera presentaron alegaciones para corregir las deficiencias detectadas por los interventores de la DGA. Ninguno de los comparecientes de ayer supo explicar nada sobre esas auditorías, que aseguraron desconocer.

Alfonso Vicente, quien fuera presidente del consejo de administración hasta el 2011, admitió saber de la auditoría del 2006, que se dio por definitiva en el 2009. Ayer aseguró que las deficiencias detectadas "se dieron por resueltas", sin entrar en más detalles. También la concejala de Zaragoza, Carmen Dueso, dijo recordar ese informe. Tampoco profundizó más.

Alfredo Boné aseguró que nunca conoció las auditorías por nadie de Plaza. Es decir, que no se presentaron en consejo de administración. Pero sí supo de su existencia porque como consejero de Medio Ambiente, algunos de los ámbitos analizados correspondía al área de su más directa competencia.

Por la tarde fue el turno de los responsables de la CAI en el consejo, Agustín García Inda y Fernando Casasnovas, quienes aseguraron que los controles y procedimientos eran "suficientes". También intervino José Luis Murillo, el vicepresidente de la comisión ejecutiva diseñada tras la marcha del consejero delegado, Carlos Escó, para que no se acumulara tantos poderes en una sola persona. Murillo explicó que los controles se basan en la "lealtad" y la "honorabilidad" y que alguien mienta, entregue informes falsos o esté "compinchado" no tiene que ver con los procedimientos, sino con las actitudes. También intervino Santiago Coello, mano derecha de Eduardo Bandrés y, como él abandonó la administración pública para trabajar a las órdenes de Agapito Iglesias.