El Gobierno de Aragón tendrá un año desde la entrada en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para remitir al Ejecutivo central "una propuesta de organización en materia de demarcación judicial" en "su ámbito territorial y competencial", según indica el proyecto de reforma que aprobó hace unos días el Consejo de Ministros. Esas propuestas, añade el texto, "deberán contar con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en cuato a su adecuación a las previsiones organizativas" que incluye la norma. Un año después, el Ministerio de Justicia enviará al Congreso de los Diputados su proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial. El proyecto de reforma de la LOPJ contempla que un Tribunal Provincial de Instancia pueda disponer de salas desplazadas en los municipios en los que hoy existen sedes judiciales, situación que en Aragón se da en trece localidades: Alcañiz, Barbastro, Boltaña, Calamocha, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea, Fraga, Jaca, La Almunia, Monzón y Tarazona. Para tomar esa decisión, que debe ser incluida en la redistribución de las demarcaciones que comenzará con la reforma de la LOPJ, el proyecto de ley incluye una serie de criterios de cuya "valoración conjunta" debe salir esa decisión. Aragón no puede cumplir dos por razones obvias --la uniprovincialidad de la comunidad y la insularidad, pero la mayoría de los restantes juegan a su favor para mantener el grueso del actual mapa de partidos judiciales: posibilidad de aprovechamiento de edificios --los juzgados más viejos no han cumplido una década--; dispersión de la población, tiempo de viaje en transporte público hasta la capital, distancia entre esos dos puntos y "especiales características orográficas y geográficas" que dificulten ese trayecto.