El diálogo social, ese bien intangible que, entre otras cuestiones, contribuye a la estabilidad de la economía y a la atracción de inversiones, tendrá rango de ley en Aragón. La patronal, los sindicatos y el Ejecutivo autonómico sellaron ayer un acuerdo para que este instrumento sea usado de forma obligatoria, independientemente del partido y el color político que ocupe el Pignatelli.

Por lo pronto, tan solo existe un borrador para elaborar un anteproyecto de ley, de forma que el acuerdo será aprobado el día 19 de septiembre por el Consejo de Gobierno para, posteriormente, ser remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria. Los agentes sociales ya han pedido agilidad y que el contenido del texto normativo sea respetuoso con los términos del acuerdo. El texto establece que en los presupuestos de la comunidad de cada año se asignará una dotación para su desarrollo «eficiente y positivo».

La ley sobre el diálogo social, pionera en Aragón, tuvo su puesta de largo ayer en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli. Allí, el presidente aragonés, Javier Lambán, la consejera de Economía, Marta Gastón, los secretarios generales de UGT y CCOO, Daniel Alastuey y Manuel Pina, y los presidentes de CEOE y Cepyme Aragón, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, pusieron la rúbrica a varios meses de negociaciones.

Esta ley es la guinda a un proceso que Lambán abrió apenas llegado a la DGA. Primero selló un acuerdo global con los agentes sociales y, a partir de ese pacto se crearon cinco mesas sectoriales que se tradujeron en cuatro grandes acuerdos: sobre responsabilidad social corporativa, empleo y formación, estrategia industrial y seguridad laboral. Sin embargo, todavía queda una «pata» por abordar, la protección social, según apuntó ayer Pina.

La nueva etapa de la recuperación económica será, por tanto un buen termómetro para medir la profundidad y efectividad de este acuerdo, que tiene en la inestabilidad laboral y la temporalidad uno de sus principales retos de futuro.

«Es necesario creer en el diálogo social, estar dispuesto a practicarlo, tratar de que produzca resultados y aplicarlos», señaló el jefe del Ejecutivo, que recordó que hasta ahora el diálogo social «ha estado supeditado a las voluntades políticas y a las actitudes del gobierno de cada momento». En los poco más de dos años de legislatura, Lambán dice sentirse «razonablemente satisfecho» con los resultados obtenidos con los agentes sociales.

PERDURABILIDAD

Una de las razones de la creación de esta ley es que el diálogo social se fortalezca en el tiempo. Así, la consejera de Economía resaltó que el texto tiene «vocación de perdurabilidad» y con su aprobación no cabe que nadie se niegue a negociar.

Para el líder de CCOO se trata de un acuerdo «estructural», que procede de una reivindicación «de hace años» y que da carácter de legalidad a lo que en Aragón es una realidad desde hace tiempo. El acuerdo, agregó, pone a Aragón «a la cabeza» de las comunidades, algo en lo que coincidió con el líder de la patronal aragonesa, Fernando Callizo, que apuntó que Aragón es «un modelo» en el conjunto de España respecto al diálogo social. Por su parte, Alastuey recalcó que «después de mucho tiempo», por fin un Gobierno en Aragón se ha «tomado en serio el diálogo social».

Además, añadió que la paz social que supone es un elemento positivo para la atracción de inversiones. En esta misma línea, el presidente de CEOE Aragón insistió en que la negociación colectiva que culmina con éxito es «una peculiaridad positiva para vender el territorio».

López de Hita, además, consideró que la sociedad sería «muy complicada», si entre la ciudadanía, que los agentes sociales representan, y los poderes públicos no hubiera una dinámica «fuerte y fluida» para lograr acuerdos.