La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha llevado a las empresas que trabajan para la Administración a perder el miedo y empiezan a reclamar por lo que es suyo, por lo que le han pagado tarde o por el daño económico causado con las decisiones municipales. Este es el peligroso efecto llamada que pueden causar autos judiciales como los que ha recibido el Ayuntamiento de Zaragoza, en los que el juez le obliga a desembolsar más de 1,3 millones de euros por litigios que siguen abiertos. Un adelanto ante una resolución que será o no favorable pero con el que al menos la espera no perjudica a las contratistas y concesionarias del consistorio.

Así lo explicó ayer el vicealcalde Fernando Gimeno, quien relató que un magistrado ha ordenado el pago de 832.000 euros a la empresa que gestiona el párking subterráneo de la plaza Eduardo Ibarra, Isolux Corsán. Todo se remonta a la paralización de las obras de remodelación del estadio de La Romareda, una mejora que iba englobada en un proyecto más amplio con más usos terciarios y un valor añadido que nunca se hizo efectivo. Pero las obras del párking sí se ejecutaron y el volumen de negocio, obviamente, no ha sido el prometido a la hora de adjudicar la concesión para construir y explotar esta infraestructura.

La reacción de Isolux fue reclamar 22 millones de euros al ayuntamiento por el perjuicio económico causado y el lucro cesante por culpa de su responsabilidad en la paralización de esa actuación global en Romareda. Posteriormente, cuando presentó formalmente la demanda, lo que exigió fue el cobro de 16 millones de euros menos. Pero la respuesta del consistorio fue que, como mucho estaría dispuesto a reconocer un daño económico de 832.000 euros, que es la cantidad a la que la empresa se ha agarrado para pedirle al juez que le requiera el pago de inmediato. Y deberá desembolsarlo ya, aunque haya que aprobar antes una modificación presupuestaria.

En la misma situación están las contratistas de las obras de construcción del Centro de Arte y Tecnología, Etopia. Las empresas Sacyr y Marcor Ebro reclaman el cobro de 483.000 euros por los intereses de demora generados por certificaciones de obra que se cobraron tarde. El juez les da de nuevo la razón y si se confirma, ya que el consistorio ha recurrido, habrá que pagar. El problema para Zaragoza es el precedente que estos autos sientan y el efecto llamada que puede crear, porque tarde cobran muchas más.