Se acerca la fecha de inicio del juicio del caso principal de Plaza, que se celebrará a partir del próximo octubre, y por estas fechas, el martes, se cumplen cinco años desde que la Justicia ordenara la entrada en las oficinas de la UTE que urbanizó la plataforma logística, Acciona-MLN, que dio origen al denominado caso Plaza. En este contexto se enmarcan los juegos malabares que han tenido que hacer las empresas para cubrir, junto a los encausados, los 140.626.600,54 euros de fianza que exigía el magistrado. Pues bien, ya se ha aportado hasta el último céntimo, aunque para ello se ha acabado embargando dos concesiones públicas que tenía el Grupo MLN en Aragón, la explotación del aparcamiento de Doctor Iranzo, en Zaragoza, y el derecho para la extracción de materiales en la mina La Longatera, en el término municipal de Bárboles, que le dio la DGA.
La firma se ha visto obligada a ponerlas como fianza aunque ello suponga el embargo de todos los ingresos que le reporte en las próximas décadas. En el caso del párking del barrio zaragozano de Las Fuentes cuenta con 348 plazas, de las que 151 ya están vendidas y otras 162 alquiladas -el resto, 35, siguen libres-. A los particulares que estacionan su vehículo en él no les afectará este embargo preventivo que el juez autorizó y notificó al ayuntamiento en julio. Pero de momento sí a la empresa, que tendrá trabados todos los ingresos que le reporte la explotación del mismo hasta el final de la concesión, previsto para marzo del 2050. El cálculo estimado, 3.140.088,57 euros, lo ha hecho la propia empresa, el consistorio ni lo ha contrastado. Al final es ella la que está comercializando esas plazas, a unos 18.000 euros por la cesión del derecho de uso y a 80 euros mensuales el alquiler.
La otra concesión pública trabada afecta al derecho que MLN tiene para extraer materiales de la mina de La Longatera (fundamentalmente áridos), cuya notificación ha llegado igualmente al Gobierno de Aragón, que es de quien depende. MLN tiene en ella la opción de obtenerlos y se ha calculado que eso le permitiría obtener unos 6 millones de euros en el tiempo que le resta de vigencia. El juez lo ha admitido como aval. En esta mina, perteneciente al término municipal dele Bárboles, la empresa hace uso de dos secciones C, con 8 y 4 cuadrículas, respectivamente. En este caso, su valor real es de 9 millones de euros, pero ya figuraba como aval para un crédito de 3. Así que el valor tangible para el juez solo es de 6.
Más llamativa, desde el punto de vista político, es otra de las propiedades aportadas en la garantía procesal, porque corresponde a una deuda del Ayuntamiento de Zaragoza con MLN que ya dura diez años. Concretamente se trata del suelo público con el que el consistorio se comprometió a abonar los 5.858.402 euros que costaron las obras ejecutadas por la empresa en el denominado Plan de Barrios del 2008.
OBRAS NO PAGADAS
En la relación de trabajos ya hechos y recepcionados figuran: la instalación de alumbrado público de la carretera de Garrapinillos, desde la N-125 e incluyendo la rotonda de la carretera del aeropuerto, que se adjudicó por 650.619,55 euros y acabó costando 842.177,17; la ampliación de esa misma carretera, por 234.339,55; la pavimentación y renovación de servicios de las calles Cinca y Fraga, adjudicadas por 1.017.966,3 euros; otra obra similar en la calle María Pilar de las Heras, que se encargó por 532.188,59; y otra para urbanizar una intersección próxima al Residencial Santa Isabel, adjudicada por 821.913,45 euros.
A cambio de estos trabajos, el consistorio se comprometió a entregarle unas parcelas, en concreto dos en Monzalbarba, valoradas en 1,13 millones y 684.036,03, respectivamente; otra en Arnal Cavero, de 2,33 millones, y otra en Valdespartera, de 1,7. Por problemas administrativos no se han inscrito, pero la permuta está reconocida por el consistorio.
Junto a estos suelos, MLN ha aportado como la fianza judicial otras tres parcelas, correspondientes al término municipal de La Puebla de Alfindén y valoradas en 732.474,59 euros, 552.513,16 y 1,44 millones, esta última como pago también por la ejecución de las obras de ampliación realizadas en la casa consistorial.
Así se completa la aportación en especie a esa fianza judicial, como parte de los 27,28 millones que quedan por cubrir de los 140,6 que exigió el juez. Un total de 64,91 se obtuvieron con el embargo de bienes inicial a los encausados y, de forma subsidiaria, a las empresas que formaban parte de la UTE de Plaza, y otros 48.435.671,06 con avales y seguros aportados por las empresas. Así que estas concesiones son la parte de MLN de los 27,28 restantes, de los que Acciona cubrió el 50% con más avales. Un total de 15 que completan la suma antes del juicio.
