El juez tendrá que esperar para determinar si el consejo de administración de Plaza sabía o no sabía cómo gestionaban la plataforma logística sus responsables técnicos. Según dos de los consejeros, no recibían apenas información; según otros tres, del PSOE, esta era fluida. Los primeros siete responsables del órgano declararon ayer ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, que investiga el presunto sobrecoste millonario en la construcción de unas naves que la plataforma encargó a Codesport para la empresa Autocity, en el caso pagarés. Por lo declarado ayer, el grado de información dependía del partido al que correspondiera el consejero. PAR y CHA desconocían que hubiesen aumentado los precios o que se abonaran con pagarés.

El juez Picazo mantiene imputados por presuntos delitos de administración desleal y malversación de caudales públicos a Ricardo García Becerril, exgerente de la plataforma; Carlos Esco, exconsejero delegado de la plataforma; Miguel Ángel Pérez, exdirector técnico de las obras y Agapito Iglesias, como constructor a través de su grupo Codesport, en calidad de cooperador necesario del presunto desfalco. Les ha impuesto --excepto a Pérez-- una fianza de responsabilidad civil de 18,85 millones de euros para cubrir lo que considera, indiciariamente, que se habrían repartido a cuenta de esta obra. Al declarar aseguraron que el consejo de Plaza estaba al corriente de la actuación, que vio aumentado considerablemente su coste del 2005 al 2008, y la aprobó.

JAVIER VELASCO. El expresidente de Plaza y exconsejero de Obras Públicas (PSOE) respondió a las preguntas del juez, la Fiscalía y los letrados durante unos 45 minutos. Ante los medios de comunicación aseguró que "todas las cuestiones" fueron "aclaradas", y que tuvieron su reflejo en las actas, que "son públicas", afirmó. "El consejo conocía que se adjudicaron unas naves y un consejo financiero habló de que había más ingresos y más gastos", apuntó, en relación con la obra de las naves bajo sospecha.

Durante el interrogatorio, el expresidente de la plataforma aseguró que, pese a su cargo, no pedía explicaciones sobre las obras en los consejos, incluso si sabía que había sobrecostes. Tampoco recordaba haber recibido información sobre un posible negocio de 28 millones de euros, en abril del 2006, por parte de García Becerril y Esco.

EDUARDO BANDRÉS. El exconsejero de Economía (PSOE) aclaró antes de declarar que su participación en el consejo de administración no llegó más allá de junio del 2006. Por tanto fue antes de la modificación del proyecto, justo antes de que entrase a trabajar para Agapito Iglesias.

Durante el interrogatorio, siguió la línea de Velasco en cuanto a que los consejeros tenían información previa de lo que se iba a tratar en las reuniones. Pero se negó a responder a la abogada de la Acción Popular, Irene Romea, sobre cómo llegó a presidir el Real Zaragoza. Al salir, tampoco respondió a los medios más allá de mostrarse "satisfecho" con su declaración.

ALFREDO BONÉ. El exconsejero de Medio Ambiente (PAR) fue más cauto a la hora de referirse a la información que recibían los consejeros. Sí insistió ante los medios, antes de declarar, en que las decisiones del consejo se tomaban "por unanimidad". Si había dudas sobre un tema, se dejaba "sobre la mesa", explicó, y se aprobaba en el siguiente consejo, previa consulta jurídica.

Ante el juez, sin embargo, aseguró que en sus cinco años como miembro del consejo "solo se hablaba de generalidades" en las reuniones, que eran ilustradas por medio de power points. Sobre la construcción de las naves de Autocity, afirmó que no fue informado del proyecto cero --la modificación del inicial-- ni de los pagarés por valor de 8,7 millones de euros con los que se pagaron en parte las obras, y que los técnicos de Plaza no avalaron. Tampoco sabía qué son las naves modulares que, según los imputados, eran las que se iban a construir para Autocity.

Según fuentes jurídicas, el portavoz del PAR en las Cortes se mostró visiblemente molesto cuando las acusaciones le instistieron sobre su formación académica para controlar las cuentas de la plataforma. Tras su comparecencia --la más larga, de más de una hora--, eludió a los medios de comunicación por los pasillos del juzgado.

ANTONIO GASPAR. El exconcejal de Urbanismo de Zaragoza (CHA) fue el más contundente respecto a su desconocimiento de los asuntos. "En el consejo había confianza en los letrados y asesores. Confías en que estás haciendo lo mejor, el problema es cuando alguien quiere engañar al consejo", justificó, en sus explicaciones a los medios.

Gaspar acudió escoltado por dos compañeros de partido, el presidente, José Luis Soro y el concejal Juan Martín. Dijo recordar la adjudicación de obras de la plataforma, pero en lo referente a los sobrecostes aseguró que "o no estaba o se pierden en la memoria", dados los nueve años que estuvo en el consejo. Ante el juez, aseguró que no había visto "nunca" el proyecto cero de las naves ni fue informado de los pagarés.

JOSÉ LUIS MARQUÉS. El expresidente del Consejo Social solo estuvo en Plaza hasta noviembre del 2005, por lo que solo avaló la adjudicación inicial y su interrogatorio fue corto.

RICARDO CAVERO. El exconcejal (PSOE), miembro del consejo hasta el 2006, también se remitió a las actas. Afirmó que el consejo recibía "informes financieros", aunque "conocía lo que le llegaba".

MARÍA JOSÉ PONCE. La secretaria del consejo de administración afirmó que no elaboró "ningún informe jurídico" sobre la operación de Autocity.