Unas 1.300 pymes han decidido hasta ahora trasladar su domicilio social fuera de Cataluña, lo que supone en torno al 1% de las empresas catalanas de hasta 250 trabajadores. A la vez, otro 2,2%, unas 2.860 compañías, se lo plantean, según una encuesta de Pimec sobre el impacto del debate político en el tejido empresarial. El estudio se ha realizado mediante 401 entrevistas de un universo formado por 130.000 autónomos, microemprensas y pymes.
La encuesta, realizada entre el 14 y el 18 de octubre con pregunta directa a los patronos, revela en cambio que el 79,3% de las empresas no tienen en mente cambiar su domicilio social, el 15,7% señala que no lo saben y el 1,8% no contesta a la pregunta. Ante la situación actual, solo el 11% admite haber abierto cuentas bancarias fuera de Cataluña, aunque otro 13% prevé hacerlo, mientras que el 54% no lo ha hecho y otro 23% muestra su inquietud pero no tiene previsto domiciliar en otra comunidad sus cuentas.
Pimec destaca que la proporción de empresas y autónomos que han optado por cambiar de domicilio social es pequeña y «en ningún caso» ha supuesto el traslado de actividad productiva. Según el sondeo, el 65% de las pymes catalanas aseguran que el debate político actual no les afecta económicamente, frente al 34% que asegura que que les ha impactado negativamente y a un 1% que afirma que le ha ido bien.
MÁS DIÁLOGO
El presidente de la patronal Pimec, Josep González, reclamó ayer diálogo a los políticos para evitar que el debate político dañe aún más la economía catalana y fue especialmente crítico con el Gobierno del PP, al que reprochó que haya aprobado una norma para facilitar la salida de sedes sociales de empresas y «estimular» así el «desplazamiento» de la economía de Cataluña.
Por su parte, los registradores afirman que solo el jueves, el día en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, se produjeron 268 salidas. Con este dato, la cifra de traslados se eleva hasta 1.185 desde el pasado 2 de octubre, el día después de celebrarse el referéndum del 1-O, entonces suspendido por el Tribunal Constitucional y, posteriormente, declarado ilegal.
