El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019 incorpora una partida de 412 millones de euros destinada a Inmigración, lo que supone un incremento del 29,6% (94 millones más) respecto del año pasado. Además, por primera vez se recoge una dotación específica de 30 millones para la atención de los menores extranjeros no acompañados (menas).
El incremento presupuestario se produce para potenciar el sistema de protección internacional (con un incremento de 67 millones de euros con respecto al 2018) y para atender a inmigrantes que lleguen a las costas españolas o vivan en asentamientos (27 millones de euros más). Por otro lado, se mantienen las dotaciones para financiar el programa de atención y reubicación de refugiados, de acuerdo con la decisión del Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior, con especial atención a las familias con hijos menores por ser especialmente vulnerables. En concreto, a estas actuaciones se prevén destinar 229 millones.
Otro asunto de marcado carácter social de los PGE es el gasto en Dependencia. El Gobierno destinará en ayudas a personas que necesitan este tipo de servicios un total de 2.228 millones, 831 más que el año anterior (un aumento del 59,5%). El Ejecutivo pretende aumentar el 31,7% el nivel mínimo --el que garantiza la Administración General del Estado a las personas dependientes-- hasta los 1.723 millones de euros, es decir, 415 millones más que en el ejercicio anterior. Esta partida tiene como objetivo tanto atender a un mayor número de beneficiarios como reducir la lista de espera.
Según los últimos datos oficiales, con fecha del 30 de noviembre, el número de personas con derecho a una prestación que continúan sin percibirla asciende a 254.524, informa Europa Press. Con una partida de 415 millones, el Gobierno quiere financiar también una nueva prestación de «teleasistencia avanzada», que el Ministerio de Sanidad pretende incorporar al catálogo de prestaciones.
AUMENTAN LAS BECAS
En Educación, el Gobierno prevé 1.780 millones para becas y ayudas a estudiantes, la cifra más alta de la historia. Los PGE incluyen partidas para que los ayuntamientos «promuevan la universalización de las escuelas infantiles entre 0 y 3 años», explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisando que se catalogarán como «inversión financieramente sostenible» para que los consistorios puedan destinar parte de su superávit a este fin.
La ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas tendrá un impacto de 825 millones de euros, según el proyecto, que especifica que 190.000 familias se verán beneficiadas por la medida. «El Ejecutivo hace un esfuerzo para que los españoles disfruten de un Estado del bienestar fuerte y para favorecer la igualdad de oportunidades y la cohesión social», destacó Montero.
El Gobierno prevé destinar 220 millones este año en las medidas incluidas en el pacto de Estado contra la violencia machista en los diferentes ministerios y administraciones. Según el proyecto, una parte significativa de esa cantidad irá destinada al programa Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género.
Están contemplados 112 millones para las ampliadas competencias autonómicas en materia de agresiones a mujeres y transferencias a los ayuntamientos por 40 millones. También se prevén 14 millones a ayudas directas a víctimas de agresiones machistas y explotación sexual.
