Las poblaciones ribereñas del Ebro, aguas abajo de Zaragoza, tiemblan desde que el Plan General de Pesca para el 2017, publicado el pasado miércoles, obliga a matar los peces invasores para preservar las especies autóctonas.

Se trata de un catálogo que incluye desde el siluro a la carpa común, algunos de los ejemplares más buscados por los aficionados a la pesca deportiva, un sector que, solo en Caspe, genera un negocio de seis millones de euros.

«El turismo de la pesca supone un tercio de nuestra economía», afirma Jesús Senante, alcalde de la capital del Bajo Aragón zaragozano. «Estamos totalmente en contra de esa ley, pero hay que acatarla», reconoce.

La nueva normativa es fruto de una sentencia del Tribunal Supremo y establece la obligatoriedad de sacrificar unas especies que se introdujeron hace varias décadas en algunos ríos aragoneses, con el fin de preservar la fauna acuática autóctona.

Sin embargo, los pescadores deportivos buscan justamente lo contrario. «Lo que les gusta es capturar un buen ejemplar, hacerse una foto para que se vea su proeza, ponerle mercromina y soltarlo», explica Senante.

Los aficionados llegan a millares al tramo inferior del Ebro en Aragón. Proceden en su mayoría de Centroeuropa y tienen un alto poder adquisitivo, lo que ha generado la aparición de numerosos negocios que giran en torno a la pesca deportiva: cámpings, tiendas, restaurantes, hoteles y viviendas de turismo rural.

Con todo, los afectados no dan la batalla por perdida. «Confiamos en que el Gobierno de España modifique una ley que va a causar un grave quebranto en la economía de muchos lugares», asegura Senante.

Magda Godia, alcaldesa de Mequinenza, en el Bajo Cinca, opina asimismo que «hay que cambiar la Ley de Pesca», que ha sentado en la zona «como un jarro de agua fría».

En su opinión, será preciso modificar el catálogo de las especies consideradas exóticas con el fin de reducir el impacto de la aplicación del nuevo plan. «Tiene que predominar el sentido común y, para ello, la normativa debe incluir criterios socioeconómicos junto a los puramente medioambientales», apunta.

Para Mequinenza y otras localidades de esa parte de la comunidad, como Chiprana y Fayón, la obligatoriedad de matar a los peces invasores es un «segundo mazazo» a su medio de vida tras el progresivo cierre de las minas.

Desde que se acotó la zona de pesca deportiva, señala Godia, se sabe el número de personas que pescan en los embalses del Ebro, ya sea en el mar de Aragón o en la prensa de Ribarroja. «Solo en el 2015 se expendieron 20.000 tiques», subraya la regidora de Mequinenza.

Además, entre los habitantes de la zona predomina la opinión de que determinadas especies importadas han llegado a aclimatarse perfectamente a su nuevo hábitat, por lo que ya no deben ser consideradas exóticas. De ahí que esté empezando a formarse un movimiento ciudadano que aboga por flexibilizar la normativa y adaptarla a la realidad.